T134 – Pago de derechos retroactivo en Certificación de IVA e IEPS, recomendaciones y comentarios/ Retroactive Duty Payment on VAT and STPS Certification, Recommendations and Comments
“…debemos comprender que aceptar pasivamente un sistema injusto es cooperar con ese mismo sistema y, por tanto, que nos convertimos en partícipes de su maldad…”
Martin Luther King[1]
La certificación en materia de IVA e IEPS deriva de la Reforma Fiscal del 2014 en donde se estableció que las importaciones temporales de bienes estarían sujetas al pago de estos impuestos, pudiendo “aplicar un crédito fiscal consistente en una cantidad equivalente al 100% del impuesto…, siempre que obtengan una certificación por parte del Servicio de Administración Tributaria”
Desde la exposición de motivos de la Reforma fue contemplado que esta certificación fuera gratuita, ya que representaba una forma de mitigación de los efectos que provocaría en la industria, que los bienes que no serán consumidos en territorio nacional estuvieran sujetos a este pago, transformando el objeto de estas leyes, cuya finalidad es grabar el consumo nacional.
En este contexto, la Ley Federal de Derechos no ha sufrido modificaciones en su parte sustantiva, las actualizaciones que se han realizado son exclusivamente en las cantidades.
Es un hecho notorio que el pago de derechos por esta certificación no estuvo contemplando en la normativa descrita, sino hasta después de 5 años que entró en vigor este esquema se establece por primera ocasión mediante reglas en la 1ra modificación a las RGCE 2020, derivado de una interpretación novedosa, lo cual sería cuestionable, recordemos que el principio de legalidad, subordinación jerárquica de las leyes y de reserva de ley, establecen qué se puede poner en Reglas.
La realidad es que la doctrina de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) si bien ha reconocido la cláusula habilitante que posibilita al Servicio de Administración Tributaria (SAT) la emisión de reglas de carácter general, la Corte no ha abordado temas específicos, como si el SAT puede mediante reglas establecer procedimientos, plazos, medidas cautelares u obligaciones distintas a las que señala una ley. En este aspecto operativo, la no impugnación de la estructura de las reglas genera que se publiquen estas normas con el alcance actual, pues no se ha generado precedentes que lleguen a la interpretación de los Tribunales.
Por otro lado, la recomendación del SAT para el pago de estos derechos de manera retroactiva se realizó en el sitio web del SAT, es decir, fuera de la norma; en promedio las empresas tendrán que cubrir aproximadamente $300,000 m.n. con actualizaciones y recargos, cuando al parecer conforme a las reglas vigentes en aquellos años se les indujo al error al no contemplar ese pago en la normatividad ni tampoco en la aplicación, de tal manera que al existir más de 3,500 empresas, la cifra que espera recaudar por este derecho el Gobierno Federal supera la cifra de mil millones de pesos, mediante el establecimiento de un alcance mayor a una contribución cuyo origen histórico se puede vincular al artículo 100-A de la Ley Aduanera no al artículo 28-A de la Ley del IVA.
[1] Luther King, Martin, La Fuerza De Amar, N° 34, Acción cultural cristiana Madrid, España, 1999.
En cuanto a la retroactividad del cobro existe muchísima literatura que podría ser analizada y los mexicanos en este contexto conocen sus derechos, por lo que no obviaré lo que en términos generales es conocido por todos, claro que en términos operativos de cumplimiento ese pago para muchos será necesario.
Ahora bien, suponiendo sin conceder que efectivamente se genere el nacimiento de la obligación tributaria y proceda el pago de derechos de manera retroactiva, es pertinente referirse al artículo 3 de la Ley Federal de Derechos, el cual establece que el pago de derechos deberá efectuarse desde el momento en que el contribuyente realiza el trámite de solicitud de certificación, tal y como se observa a continuación:
“Artículo 3. El pago de los derechos que establece esta Ley deberá hacerse por el contribuyente previamente a la prestación de los servicios o previo al uso, goce, explotación o aprovechamiento de bienes de dominio público de la Federación, salvo los casos en que expresamente se señale que sea posterior.”
Una vez otorgada la autorización y cuando sea por una vigencia superior a un año, el primer y quinto párrafo del artículo 4 de la Ley Federal de Derechos establece lo siguiente:
“Artículo 4. Cuando el Título I de esta Ley, establezca que los derechos se pagarán por mensualidades o anualidades, se entenderá que dichos pagos son previos a la prestación del servicio correspondiente, excepto en los casos en que por la naturaleza del servicio el pago no pueda efectuarse con anterioridad a la prestación del servicio.”
…
Tratándose de anualidades, el contribuyente efectuará el entero del derecho en el mes de enero del año al que corresponda el pago y deberá presentar el comprobante del entero a la dependencia que preste el servicio, a más tardar el día 15 del mes de febrero siguiente, excepto en el caso en que se señale otro plazo
En esta tesitura, al Registro en el Esquema de Certificación de Empresas, modalidad IVA e IEPS aplicando por analogía la Certificación en Operador Económico Autorizado, la obligación del pago, así como su anualidad se encuentra previstas en el inciso m) del primer párrafo y en el segundo párrafo del artículo 40 de la Ley Federal de Derechos, respectivamente:
“Artículo 40. Por el trámite y, en su caso, por el otorgamiento de las inscripciones, concesiones o autorizaciones que a continuación se señalan, se pagará el derecho aduanero de inscripciones, concesiones y autorizaciones, conforme a las siguientes cuotas:
…
m).- Por la inscripción en el registro de empresas certificadas $29,747.90 D.O.F. 28/12/2019
…”
Los derechos a que se refieren los incisos b), c), d), e), h), k), l), m), n), ñ), o), p), q), s) y t) de este artículo se pagarán anualmente. Los derechos a que se refieren los incisos a), f), g), i), j) y r) de este artículo se pagarán por única vez. Párrafo Reformado D.O.F. 09/12/2019
En este orden de ideas, contrastando los boletines informativos publicitados en medios no oficiales por el SAT, puede generar duda en la aplicación.
Es por ello que, con base en la lectura armónica de dichos artículos, es que no se comparte el criterio de la autoridad publicado el pasado 05 de agosto del presente año en su página oficial de internet, a través de nota informativa en la que recomienda el pago de derechos establecido en el inciso m) del artículo 40 de la Ley Federal de Derechos, conforme a la cuota vigente en el año en que se autorizó su inscripción o su renovación, así como cada año en la que el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas modalidad IVA e IEPS se encontraba vigente.
Sin embargo, la sugerencia es realizar los pagos retroactivos correspondientes conforme a lo señalado en dicha nota informativa, con la finalidad de evitar posibles requerimientos de la autoridad y, con ello, evitar multas como sostiene el propio boletín, así como evaluar si se realiza el pago con las actualizaciones y recargos desde 2014 cuando se realizó la solicitud o cuando inició la vigencia en enero de 2015 (para aquellas empresas que obtuvieron su certificación antes de 2015), como lo da a entender en su comunicado el SAT. En este caso también deberá evaluar la posición de cada contribuyente frente a las normas invocadas y la interpretación de la autoridad fiscal, pues surge la posibilidad de que algunos de esos periodos encuentren oposición en la figura jurídica de la caducidad de la facultad de cobro de la autoridad en términos del artículo 67 del Código Fiscal de la Federación o, en su caso, la prescripción del artículo 147 del propio código respecto a pagos derechos, cuya obligación se generó o nació en el periodo 2014 y parte del 2015, lo que conviene que sea analizado por sus áreas fiscales.
Asimismo, conforme a los propios artículos en comento, en dado caso de existir rechazos de renovación automática y/o resoluciones migración de modalidad negativas, es necesario que se evalué con las áreas correspondientes la opción del pago de dichos trámites, toda vez que aun y cuando no fueron aprobadas se gestionaron, lo cual pudiera dar pauta a que la autoridad requiera también el pago de los mismos, derivado de esta nueva interpretación a la legislación.
Compartimos el link donde se encuentra a detalle lo siguiente:
– Nota informativa “Pago de derechos del registro en el Esquema de Certificación de Empresas”.
– Ejemplo de la determinación.
– Simulador.
– Paso a paso para obtener e imprimir formato de hoja de ayuda.
http://omawww.sat.gob.mx/pdec/Paginas/index.html
Una vez efectuado el pago, el comprobante podrá remitirse vía electrónica haciendo referencia a la denominación y Registro Federal de Contribuyentes de la empresa, así como al Registro en el Esquema de Certificación de Empresas de que se trate, precisando la modalidad y rubro, a la siguiente dirección electrónica:
Certificaciones IVA e IEPS: certificacion.iva.ieps@sat.gob.mx
Finalmente, las personas en México cuentan con el derecho de tutela judicial para ejercer los medios legales ordinarios o extraordinarios que establecen las disposiciones legales para que puedan elevar su petición ante un Tribunal y decida sobre la legalidad o ilegalidad, constitucionalidad o inconstitucionalidad de este acto de molestia conforme al artículo 17 Constitucional.
“El equipo Legal de TLC Asociados así como de Debido Cumplimiento estudia y reta la correcta aplicación de la Ley para el beneficio del comercio exterior mexicano”.
Dr. Octavio de la Torre de Stéffano
El contenido del presente artículo no constituye una consulta particular y por lo tanto TLC Asociados, S.C., su equipo y su autor, no asumen responsabilidad alguna de la interpretación o aplicación que el lector o destinatario le pueda dar.
The VAT and STPS certification derives from the Tax Reform of 2014, which established that temporary imports of goods would be subject to the payment of these taxes, being able to “apply a tax credit consisting of an amount equivalent to 100% of the tax…, provided that they obtain a certification from the Tax Administration Service“.
Since the explanation of the Reform, it was contemplated that this certification would be free of charge, since it represented a way of mitigating the effects that would be caused in the industry, that the goods that will not be consumed in national territory would be subject to this payment, transforming the object of these laws, whose purpose is to record the national consumption.
In this context, the Federal Law of Rights has not suffered modifications in its substantive part, the updates that have been made are exclusively in the quantities.
It is a notorious fact that the payment of rights for this certification was not contemplated in the described regulation, but until after 5 years that this scheme came into force, it was established for the first time by rules in the 1st amendment to the RGCE 2020, derived from a novel interpretation, which would be questionable, let’s remember that the principle of legality, hierarchical subordination of laws and reserve of law, establish what can be put in Rules.
The reality is that the doctrine of the jurisprudence of the Supreme Court of Justice of the Nation (SCJN), although it has recognized the enabling clause that allows the Tax Administration Service (SAT) to issue rules of a general nature, the Court has not addressed specific issues, such as whether SAT can, through rules, establish procedures, deadlines, precautionary measures or obligations other than those set forth in a law. In this operational aspect, the fact that the structure of the rules has not been challenged has led to the publication of these rules with the current scope, since no precedents have been generated that could lead to the interpretation of the Courts.
On the other hand, the SAT’s recommendation for the payment of these fees retroactively was made on the SAT’s website, i.e. outside the norm; on average companies will have to cover approximately $300,000 m.n. with updates and surcharges, when apparently according to the rules in force in those years they were induced to error by not contemplating such payment in the regulations or in the application, so that as there are more than 3,500 companies, the figure that the Federal Government expects to collect for this right exceeds one billion pesos, by establishing a greater scope to a contribution whose historical origin can be linked to Article 100-A of the Customs Law not to Article 28-A of the VAT Law.
As for the retroactivity of the collection there is a lot of literature that could be analyzed and Mexicans in this context know their rights, so I will not ignore what in general terms is known by all, of course in operational terms of compliance that payment will be necessary for many.
However, assuming that the tax obligation is not actually generated and that the payment of duties proceeds retroactively, it is pertinent to refer to Article 3 of the Federal Law on Duties, which establishes that the payment of duties must be made from the moment the taxpayer carries out the certification application process, as shown below:
“Article 3. The payment of the rights established by this Law must be made by the taxpayer prior to the provision of services or prior to the use, enjoyment, exploitation or use of public property of the Federation, except in cases where it is expressly indicated that it is later.”
Once the authorization has been granted and when it is for a period of more than one year, the first and fifth paragraphs of article 4 of the Federal Tax Law establish the following:
“Article 4. When Title I of this Law establishes that the fees shall be paid in monthly or annual installments, it shall be understood that such payments are made prior to the provision of the corresponding service, except in cases where, due to the nature of the service, payment cannot be made prior to the provision of the service.”
…
As for annual payments, the taxpayer shall pay the full amount of the entitlement in January of the year to which the payment relates and shall submit proof of the full amount to the unit providing the service no later than the 15th day of the following February, unless otherwise specified.
In this sense, the obligation to pay VAT and STPS, applying by analogy the Authorized Economic Operator Certification, to the Registry in the Company Certification Scheme, as well as its annual fee, is provided for in paragraph m) of the first paragraph and in the second paragraph of article 40 of the Federal Tax Law, respectively:
“Article 40. For the processing and, where appropriate, for the granting of registrations, concessions or authorizations as indicated below, the customs duty for registrations, concessions and authorizations shall be paid in accordance with the following quotas:
…
m) For the registration of certified companies $29,747.90 D.O.F. 28/12/2019
…”
The duties referred to in points b), c), d), e), h), k), l), m), n), ñ), o), p), q), s) and t) of this Article shall be paid annually. The fees referred to in subparagraphs a), f), g), i), j) and r) of this Article shall be payable only once. Amended paragraph D.O.F. 09/12/2019
In this order of ideas, contrasting the news bulletins published in non-official media by the SAT can generate doubt in the application.
For this reason, based on the harmonious reading of said articles, it is that the criteria of the authority published last August 5th of this year on its official website, through an informative note recommending the payment of fees established in paragraph m) of article 40 of the Federal Tax Law, in accordance with the fee in force in the year in which its registration or renewal was authorized, as well as every year in which the Registration in the Company Certification Scheme modality VAT and IEPS was in force, is not shared.
However, the suggestion is to make the corresponding retroactive payments in accordance with that information note, in order to avoid possible requirements from the authority and, thus, avoid fines as the bulletin itself states, as well as to evaluate if the payment is made with the updates and surcharges since 2014 when the application was made or when the certification started in January 2015 (for those companies that obtained their certification before 2015), as the SAT communicates. In this case, it must also evaluate the position of each taxpayer in relation to the rules invoked and the interpretation of the tax authority, since the possibility arises that some of these periods are opposed by the legal figure of the expiration of the authority’s collection power in terms of Article 67 of the Federal Fiscal Code or, if applicable, the prescription of Article 147 of the code itself with respect to payments of fees, whose obligation was generated or born in the period 2014 and part of 2015, which should be analyzed by their tax areas.
Also, according to the articles in question, in the event of rejection of automatic renewal and/or negative migration resolutions, it is necessary to evaluate with the corresponding areas the option of payment of such procedures, since even though they were not approved, they were managed, which could give the authority a guideline to also require the payment of the same, derived from this new interpretation of the legislation..
In the following link you can find:
– Information note “Payment of fees for registration in the Company Certification Scheme”.
– Example of the determination.
– Simulator.
– Step by step to obtain and print help sheet format.
http://omawww.sat.gob.mx/pdec/Paginas/index.html
Once the payment has been made, the receipt may be sent electronically with reference to the name and Federal Taxpayer Registry of the company, as well as to the Registry in the Company Certification Scheme in question, specifying the modality and item, to the following e-mail address:
VAT & STPS Certifications: certificacion.iva.ieps@sat.gob.mx
Finally, persons in Mexico have the right to judicial protection to exercise the ordinary or extraordinary legal means established by law so that they can bring their petition before a court and decide on the legality or illegality, constitutionality or unconstitutionality of this act of nuisance in accordance with Article 17 of the Constitution.
“The Legal team of TLC Asociados, as well as the Compliance team, studies and challenges the correct application of the Law to Benefit Mexican foreign trade”.
Dr. Octavio de la Torre de Stéffano
octavio@www.tlcasociados.com.mx