Consecuencias del incumplimiento de obligaciones fiscales ante las acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor generada por el Virus SARS-CoV2 (COVID-19)

En el atolladero que nos encontramos, es una realidad que, en el corto o mediano plazo, esta emergencia puede provocar problemas para el cumplimiento de las obligaciones administrativas, financieras, civiles, laborales y fiscales, etc.

Es reconocido por la doctrina y la ley que las obligaciones deben cumplirse y en su observancia siempre brilla la buena fe de las partes, al respecto, la Ley Federal de los Derechos de los Contribuyentes menciona que:

“Artículo 21. LA ACTUACIÓN DEL CONTRIBUYENTE SE PRESUME REALIZADA DE BUENA FE

En todo caso la actuación de los contribuyentes se presume realizada de buena fe, correspondiendo a la autoridad fiscal acreditar que concurren las circunstancias agravantes que señala el Código Fiscal de la Federación en la comisión de infracciones tributarias.”

También las disposiciones tributarias reconocen que existen causas que pueden modificar, alterar, transformar o incluso extinguir el cumplimiento de la obligación de que se trate.

A manera de ejemplo, tenemos la causa fuerza mayor prevista en el artículo 73 del Código Fiscal de la Federación:

“Artículo 73.- No se impondrán multas cuando se cumplan en forma espontánea las obligaciones fiscales fuera de los plazos señalados por las disposiciones fiscales o cuando se haya incurrido en infracción a causa de fuerza mayor o de caso fortuito…”

De modo semejante, en cuanto a las obligaciones de seguridad social, el artículo 304 C establece:

“No se impondrán multas cuando se cumplan en forma espontánea las obligaciones patronales fuera de los plazos señalados por la Ley o cuando se haya incurrido en infracción por caso fortuito o fuerza mayor”.

Por su parte, el Código Civil Federal en su artículo 2111, indica:

“Nadie está obligado al caso fortuito sino cuando ha dado causa contribuido a él, cuando ha aceptado expresamente esa responsabilidad, o cuando la ley se la impone”.

En materia penal el artículo 15 del Código Penal Federal señala:

CAPITULO IV
Causas de exclusión del delito

*Sugerimos que se evalúe cuidadosamente si caen en el supuesto de la causa de exclusión del delito, toda vez que no se tiene conocimiento que en fechas recientes se hubieran presentado casos concretos con respecto a este artículo.

Artículo 15.- El delito se excluye cuando:

I.- El hecho se realice sin intervención de la voluntad del agente;

II.- Se demuestre la inexistencia de alguno de los elementos que integran la descripción típica del delito de que se trate;
…

V.- Se obre por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno, de un peligro real, actual o inminente, no ocasionado dolosamente por el agente, lesionando otro bien de menor o igual valor que el salvaguardado, siempre que el peligro no sea evitable por otros medios y el agente no tuviere el deber jurídico de afrontarlo;”

Respecto a la condonación parcial de créditos fiscales tratándose de empresas que entren en concurso mercantil (procedimiento para conciliar los adeudos de las personas físicas y morales con los acreedores y evitar la desaparición de la fuente productiva), el Código Fiscal de la Federación establece:

Artículo 146-B. CONDONACIÓN PARCIAL DE LOS CRÉDITOS FISCALES

Tratándose de contribuyentes que se encuentren sujetos a un procedimiento de concurso mercantil, las autoridades fiscales podrán condonar parcialmente los créditos fiscales relativos a contribuciones que debieron pagarse con anterioridad a la fecha en que se inicie el procedimiento de concurso mercantil, siempre que el comerciante haya celebrado convenio con sus acreedores en los términos de la Ley respectiva y de acuerdo con lo siguiente:

I. Cuando el monto de los créditos fiscales represente menos del 60% del total de los créditos reconocidos en el procedimiento concursal, la condonación no excederá del beneficio mínimo de entre los otorgados por los acreedores que, no siendo partes relacionadas, representen en conjunto cuando menos el 50% del monto reconocido a los acreedores no fiscales.

 II. Cuando el monto de los créditos fiscales represente más del 60% del total de los créditos reconocidos en el procedimiento concursal, la condonación, determinada en los términos del inciso anterior, no excederá del monto que corresponda a los accesorios de las contribuciones adeudadas.

La autorización de condonación deberá sujetarse a los requisitos y lineamientos que establezca el reglamento de este Código.

Es importante considerar que este procedimiento da la posibilidad de suspender los pagos de manera legal.

También debemos de tomar en cuenta la Reforma realizada este año al artículo 28 Constitucional, que estatuye:

Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos, las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria.”

Es importante recordar, que la iniciativa de reforma al artículo en cuestión, se reconoce “…el principio fiscal de rectoría económica y de justicia tributaria que las regula, esto es el de otorgar la condonación cuando se intente corregir una afectación o se trate de impedir que se afecte la situación económica de algún lugar o región del país, de una rama de actividad o la producción o venta de productos, así como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias…”

Destaca que la Constitución expresamente prohíbe la condonación de impuestos, siendo importante atender a la definición legal de impuestos contenida en el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación:

        “Artículo 2o.- Las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, las que se definen de la siguiente manera:

I. Impuestos son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de las señaladas en las fracciones II, III y IV de este Artículo.

II. Aportaciones de seguridad social son las contribuciones establecidas en ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado.

III. Contribuciones de mejoras son las establecidas en Ley a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas.

IV. Derechos son las contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

Cuando sean organismos descentralizados los que proporcionen la seguridad social a que hace mención la fracción II, las contribuciones correspondientes tendrán la naturaleza de aportaciones de seguridad social.

De igual manera, respecto a los créditos considerados preferentes, se establece lo siguiente:

Artículo 149. PREFERENCIA DEL FISCO FEDERAL PARA RECIBIR EL PAGO DE CRÉDITOS PROVENIENTES DE INGRESOS QUE LA FEDERACIÓN DEBIÓ PERCIBIR

El fisco federal tendrá preferencia para recibir el pago de créditos provenientes de ingresos que la Federación debió percibir, con excepción de adeudos garantizados con prenda o hipoteca, de alimentos, de salarios o sueldos devengados en el último año o de indemnizaciones a los trabajadores de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo.

Para que sea aplicable la excepción a que se refiere el párrafo anterior, será requisito indispensable que con anterioridad a la fecha en que surta efectos la notificación del crédito fiscal, las garantías se hayan inscrito en el registro público que corresponda y, respecto de los adeudos por alimentos, que se haya presentado la demanda ante las autoridades competentes.

La vigencia y exigibilidad del crédito cuya preferencia se invoque deberá comprobarse en forma fehaciente al hacerse valer el recurso administrativo.

En ningún caso el fisco federal entrará en los juicios universales. Cuando se inicie juicio de quiebra, suspensión de pagos o de concurso, el juez que conozca del asunto deberá dar aviso a las autoridades fiscales para que, en su caso, hagan exigibles los créditos fiscales a su favor a través del procedimiento administrativo de ejecución. 

Estos escenarios permiten, de acuerdo con las condiciones de cada persona en particular, que identifiquen de qué forma la emergencia y los deberes impuestos por las autoridades políticas inciden directamente con el incumplimiento de la obligación, tratándose de la fuerza mayor es necesario acreditar la circunstancia particular, es decir, no será en la misma proporción para unos y que para otros.

Estas figuras jurídicas pueden invocarse para atenuar las consecuencias del incumplimiento, ante eventuales actos de cobro de los acreedores, teniendo como finalidad la modificación de la obligación para equilibrar, en justicia y equidad, las obligaciones y los derechos que derivan conforme a la naturaleza de la relación jurídica entre las partes involucradas.

¿Cuáles son las posibles consecuencias del incumplimiento?

A) Multas
B) Suspensión del padrón de importadores
C) Restricción de certificados sellos digitales
D) En su caso, salir en automático del régimen de incorporación fiscal
E) Responsabilidad solidaria de socios, accionistas o representantes
F) Incurrir en el delito de defraudación fiscal equiparada

Es importante señalar que derivado de la suspensión de actividades decretada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura, algunas de estas medidas legales podrían ser impulsadas una vez que se restablezcan las actividades en los tribunales o que las autoridades ejerzan las facultades de comprobación, la defensa y tutela judicial es un derecho humano.

Las opiniones expresadas en este documento se formulan conforme a la experiencia, en el contexto general de las disposiciones legales vigentes en un escenario litigioso, por lo que puede o no coincidir o reflejar el criterio de la autoridad, su aplicación puede variar conforme a los hechos concretos de cada situación frente a la norma, su instrumentación es responsabilidad de quien lo aplica.

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Consequences of not complying with tax obligations in light of the special activities to address the sanitary emergency by force majeure due to virus SARS-CoV2 (COVID-19)

In the current stalemate, it is a reality that, in the short or medium term, this emergency can cause problems for the fulfillment of administrative, financial, civil, labor and fiscal obligations, etc.

It is recognized by doctrine and law that obligations must be complied with and the good faith of the parties always shines in their observance. In this regard, the Federal Taxpayers’ Rights Law mentions that:

“Article 21. THE TAXPAYER IS PRESUMED TO HAVE ACTED IN GOOD FAITH

In any case, taxpayers are presumed to have acted in good faith, and it is up to the tax authority to prove that the aggravating circumstances set forth in the Federal Tax Code apply in the commission of tax violations.”

The tax provisions also recognize that there are causes that may modify, alter, transform or even extinguish compliance with the obligation in question.

For example, we have the cause of force majeure provided for in Article 73 of the Federal Fiscal Code:

“Article 73.- Fines shall not be imposed if tax obligations are met spontaneously after the deadlines established by the tax provisions or if an infringement has been committed due to force majeure or unforeseen circumstances…”

Similarly, regarding social security obligations, Article 304 C stipulates that:

“Fines shall not be imposed when employers’ obligations are spontaneously fulfilled after the deadlines set by law or when an infringement has been committed due to unforeseen circumstances or force majeure”.

Meanwhile, Article 2111 of the Federal Civil Code states:

“No one is bound to an unforeseen event except when he has given cause to contribute to it, when he has expressly accepted that responsibility, or when the law imposes it on him”.

In criminal matters, Article 15 of the Federal Criminal Code states:

CHAPTER IV

*We suggest that you carefully evaluate whether this is the case for exclusion of the crime, since we are not aware of any recent cases that have occurred in relation to this article.

Causes for exclusion from the crime

Article 15.- The crime is excluded when:

I.- The event takes place without the intervention of the agent’s will.

II.- The absence of any of the elements that make up the typical description of the crime in question is demonstrated.

…

V.- It is caused by the need to safeguard one’s own or another’s legal property from a real, present or imminent danger, not caused maliciously by the agent, injuring another property of lesser or equal value than that safeguarded, provided that the danger cannot be avoided by other means and the agent does not have a legal duty to deal with it.”

In regard to the partial remission of tax credits in the case of companies that enter into bankruptcy proceedings (procedure to reconcile the debts of individuals and companies with creditors and prevent the disappearance of the productive source), the Federal Fiscal Code establishes the following:

Article 146-B. PARTIAL WRITE-OFF OF TAX CREDITS

In the case of taxpayers who are subject to insolvency proceedings, the tax authorities may partially write off tax credits relating to contributions that had to be paid prior to the date on which the insolvency proceedings are initiated, provided that the merchant has entered into an agreement with its creditors under the terms of the respective law and in accordance with the following:

I. When the amount of the tax credits represents less than 60% of the total credits recognized in the bankruptcy proceeding, the remission will not exceed the minimum benefit among those granted by the creditors who, not being related parties, jointly represent at least 50% of the amount recognized to the non-tax creditors.

II. When the amount of the tax credits represents more than 60% of the total credits recognized in the bankruptcy proceeding, the remission, determined in the terms of the previous paragraph, shall not exceed the amount corresponding to the accessories to the contributions owed.

The authorization of remission shall be subject to the requirements and guidelines established in the regulations of this Code.

It is important to consider that this procedure gives the possibility to suspend payments in lawful way.

We must also take into account the amendment made this year to Article 28 of the Constitution, which states:

Article 28. In the United States of Mexico, monopolies, monopolistic practices, state monopoly, tax write-offs and tax exemptions are prohibited under the terms and conditions established by law. The same treatment will be given to prohibitions for the protection of the industry.”

It is important to remember that the initiative to reform the article in question recognizes “…the fiscal principle of economic stewardship and tax justice that regulates them, that is to say, to grant the remission when an attempt is made to correct an affectation or to prevent the economic situation of some place or region of the country, of a branch of activity or the production or sale of products, as well as in cases of catastrophes suffered by meteorological phenomena, plagues or epidemics…”

It must be noted that the Constitution expressly prohibits the remission of taxes, and it is important to bear in mind the legal definition of taxes contained in article 2 of the Federal Fiscal Code:

        “Article 2.- Contributions are classified into taxes, social security contributions, improvement contributions and duties, which are defined as follows:

I. Taxes are the contributions established by law that must be paid by the individuals and companies that are in the legal or factual situation foreseen by the same and that are different from those indicated in sections II, III and IV of this Article.

II. Social security contributions are contributions laid down by law payable by persons who are replaced by the State in the performance of obligations laid down by law in the field of social security or by persons who benefit in a special way from social security services provided by the same State.

III. Improvement contributions are those established by law in charge of individuals and companies that benefit directly from public works.

IV. Rights are the contributions established by law for the use or exploitation of the goods in the public domain of the Nation, as well as for receiving services provided by the State in its public law functions, except when they are provided by decentralized agencies or deconcentrated bodies when in the latter case, it is a matter of considerations that are not provided for in the Federal Law on Rights. The contributions paid by decentralized public bodies for providing exclusive State services are also rights.

Where the social security referred to in Section II is provided by decentralized bodies, the corresponding contributions shall be in the nature of social security contributions.

Similarly, with respect to credits considered preferential, the following is established:

Article 149. PREFERENCE OF THE FEDERAL TREASURY TO RECEIVE THE PAYMENT OF CREDITS FROM INCOME THAT THE FEDERATION SHOULD HAVE RECEIVED

The federal treasury will have preference in receiving payment of credits from income that the Federation should have received, with the exception of debts guaranteed by a pledge or mortgage, food, salaries or wages earned in the last year or compensation to workers in accordance with the Federal Labor Law.

For the exception referred to in the previous paragraph to be applicable, it shall be a prerequisite that prior to the date on which the notification of the tax credit takes effect, the guarantees have been entered in the appropriate public register and, in respect of maintenance debts, that the application has been lodged with the competent authorities.

The validity and enforceability of the credit whose preference is invoked must be verified in a reliable manner when the administrative appeal is filed.

In no case shall the federal treasury enter into universal proceedings. When a bankruptcy, suspension of payments or insolvency proceeding is initiated, the judge hearing the case must notify the tax authorities so that, if necessary, they can enforce the tax credits in their favor through the administrative enforcement procedure. 

These scenarios allow, according to the conditions of each particular person, to identify how the emergency and the duties imposed by the political authorities directly affect the failure to comply with the obligation, in the case of force majeure it is necessary to prove the particular circumstance, that is, it will not be in the same proportion for some and that for others.

These legal figures can be invoked to mitigate the consequences of non-compliance, in the face of possible acts of collection by creditors, with the aim of modifying the obligation in order to balance, in justice and equity, the obligations and rights deriving from it in accordance with the nature of the legal relationship between the parties involved.

What are the possible consequences of non-compliance?

A) Fines
B) Suspension of the register of importers
C) Restriction of digital seal certificates
D) If applicable, automatically exit from the tax incorporation regime
E) Joint and several liability of partners, shareholders or representatives
F)Committing the crime of tax fraud

It is important to point out that as a result of the suspension of activities decreed by the Supreme Court of Justice of the Nation and the Judiciary Council, some of these legal measures could be promoted once activities in the courts are re-established or the authorities exercise their powers of verification, defense and judicial protection is a human right.

The opinions expressed in this document are formulated in accordance with experience, in the general context of the legal provisions in force in a litigious scenario, and therefore may or may not coincide with or reflect the criteria of the authority; their application may vary according to the specific facts of each situation vis-à-vis the norm, its implementation being the responsibility of the person applying it.

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