Luego de que la mañana del pasado domingo 23 de febrero se registrara un hackeo en los servidores de la Secretaría de Economía, la dependencia anunció que, como medida de precaución, la Dirección General de Tecnologías del a Información (DGTI) solicitó a los proveedores el aislamiento de todas las redes y servidores.

La dependencia detalló que la capacidad operativa será reestablecida de forma segura, paulatina y controlada. Además, notificó que los servicios impactados fueron principalmente los de correo electrónico y servidores de archivos y que la información sensible de la secretaría y de sus usuarios no se vio comprometida.

La secretaría publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo por el que se suspenden términos y plazos de realización de trámites en la Secretaría de Economía incluidos los de su órgano administrativo desconcentrado Comisión Nacional de Mejora Regulatoria a efecto de garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos y empresas que tienen trámites pendientes o que quieren ingresarlos.

En el comunicado emitido, todos los plazos de los trámites que están en curso, tanto para particulares como para la autoridad, quedaron suspendidos hasta que sea la misma Secretaría de Economía quien emita un nuevo acuerdo que reanude los mismos. Además, informó que cualquier trámite nuevo que sea ingresado de forma física, el plazo también queda suspendido.

Si bien es cierto que se suspendieron los plazos, se verán afectadas las exportaciones mexicanas de perecederos que requieran certificados duros, también las importaciones de insumos al no poder contar con los permisos que Economía emite de manera constante.

En todas las corporaciones se cuentan con análisis de riesgo para este tipo de contingencias, sorprende que en el caso particular no se tenga un plan de reacción inmediata, siendo que hace 4 meses sufrió el gobierno una situación similar.

Fuentes citadas por el periódico Reforma, en su portada del 25 de febrero, confirman que en este nuevo ataque a los sistemas del gobierno mexicano fue solicitado un rescate de 4 mil bitcoins, que equivaldría a 38 millones de dólares.

En la información del diario nacional también especifica que el mensaje incluía la amenaza de que si en 2 semanas no se pagaba el rescate el secuestro de datos se mantendría y se duplicaría el monto del rescate.

En términos de lo previsto en artículo 28 tercer párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo los términos podrán suspenderse por causa de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente fundada y motivada.

El presente acuerdo entró en vigor este lunes 24 de febrero su publicación en el Diario Oficial de la Federación, por lo que se consideran como inhábiles para todos los efectos legales los días comprendidos durante el periodo referido.

Este es el segundo hackeo en los últimos 4 meses a las dependencias mexicanas, el anterior fue en noviembre pasado a los servidores de Pemex, que en esa ocasión solicitaron un rescate de 565 bitcoins, o el equivalente a 5 millones de dólares.

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