“RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO.” / “PATRIMONIAL RESPONSIBILITY OF THE STATE.”
ESPAÑOL
Recientemente el Poder Judicial de la Federación ha publicado la Jurisprudencia número 2a./J. 163/2015 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el mes de enero de 2016, cuyo rubro es: “RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA UNA RECLAMACIÓN POR HABER PRESCRITO EL PLAZO PARA INTERPONERLA, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”, criterio que dispone que el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa sólo procede contra las resoluciones de fondo de las reclamaciones, lo que acontece cuando existe un pronunciamiento respecto de alguno de los siguientes elementos: la existencia del daño; la relación causa-efecto entre la lesión patrimonial y la acción administrativa que la produjo; la regularidad del actuar administrativo; y, en su caso, el monto en dinero o en especie de la indemnización, por tanto, el juicio contencioso administrativo es improcedente contra la resolución que desecha una reclamación por haber prescrito el plazo para interponerla, en tanto no conlleva pronunciamiento alguno sobre los referidos elementos decisorios, sino que precisamente, debido a la imposibilidad de hacer procedimentalmente exigible el derecho a la indemnización por la responsabilidad patrimonial del Estado por su falta de ejercicio durante el plazo establecido por la ley, impide al ente estatal resolver si efectivamente se causó un daño al particular.
Es decir, de acuerdo al artículo 1 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, esta es reglamentaria del segundo párrafo del artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones son de orden público e interés general; y tiene por objeto fijar las bases y procedimientos para reconocer el derecho a la indemnización a quienes, sin obligación jurídica de soportarlo, sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado, entendiéndose por esta aquella que cause daño a los bienes y derechos de los particulares que no tengan la obligación jurídica de soportar, en virtud de no existir fundamento legal o causa jurídica de justificación para legitimar el daño de que se trate.
Ahora bien, conforme a la misma Ley los procedimientos de responsabilidad patrimonial de los entes públicos federales se iniciarán por reclamación de la parte interesada, quien deberá presentar su reclamación ante la dependencia o entidad presuntamente responsable u organismo constitucional autónomo, conforme a lo establecido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, debiendo señalar en la demanda, en su caso, el o los servidores públicos involucrados en la actividad administrativa que se considere irregular, dentro del plazo de un año, debiendo el ente público federal dictar la resolución correspondiente con motivo de las reclamaciones que prevé la Ley, y en el caso de aquellas que nieguen la indemnización, o que, por su monto, no satisfagan al interesado podrán impugnarse mediante recurso de revisión en vía administrativa o bien, directamente por vía jurisdiccional ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Sin embargo, para poder impugnarse directamente por vía jurisdiccional ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, las resoluciones recaídas a una solicitud de reclamación, estas deberán contener una decisión de fondo, es decir, cuando existe un pronunciamiento respecto de alguno de los siguientes elementos: la existencia del daño; la relación causa-efecto entre la lesión patrimonial y la acción administrativa que la produjo; la regularidad del actuar administrativo; y, en su caso, el monto en dinero o en especie de la indemnización.
Por el contario, en el caso abordado en la jurisprudencia de mérito, el juicio contencioso administrativo es improcedente contra la resolución que desecha una reclamación de indemnización por haber prescrito el plazo para interponerla (1 año), porque es claro que dicha resolución no conlleva pronunciamiento alguno sobre los referidos elementos decisorios señalados en el párrafo que precede, sino que precisamente, debido a la imposibilidad de hacer exigible el derecho a la indemnización por la responsabilidad patrimonial del Estado, por su falta de ejercicio durante el plazo establecido por la Ley en su artículo 25, impide al Tribunal resolver si efectivamente se causó un daño al particular, pues además es evidente que no se cumple con el plazo establecido en la Ley para solicitar la reclamación.
Dicha jurisprudencia se emite por CONTRADICCION DE TESIS (258/2015) Contradicción de tesis 258/2015. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito y Décimo Tercero en Materia Administrativa del Primer Circuito.
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ENGLISH
Recently the Judicial Power of the Federation published in the month of January the Jurisprudence number 2a./J. 163/2015 (10a.), of the Second Chamber of the Nation´s Supreme Court of Justice, under the rubric: “PATRIMONIAL RESPONSIBILITY OF THE STATE. AGAINST THE RESOLUTION THAT DISCARDS A CLAIM DUE TO THE EXPIRY OF STATUTORY DEADLINES, IS INADMISSIBLE THE ADMINISTRATIVE CONTENTIOUS TRIAL”, criterion that establishes that the nullity trial before the Federal Tribunal of Fiscal and Administrative justice only proceeds against the substance resolutions to the claims, which happens when there is a declaration in regards to any of the following elements: the existence of the prejudice; the cause-effect relationship between the patrimonial harm and the administrative action that produced it; the regularity of the administrative actions; and, in its case, the amount of money or kind of the compensation, therefore, the administrative contentious trial is inadmissible against the resolution that discards a claim due to the expiry of statutory deadlines, as long as it does not involve any declaration over the mentioned decision-making elements; rather than that, precisely, due to the impossibility of making procedurally demandable the right to the compensation for the patrimonial responsibility of the State for its lack of execution during the term established by the law, delays the public entity to solve if a prejudice was effectively caused to the individual.
This means, according to article 1 of the Federal Law of Patrimonial Responsibility of the State, this is regulatory of the second paragraph of article 113 of the Political Constitution of the Mexican United States and its dispositions are matters of public order and general interest; and has the purpose of setting the bases and procedures to recognize the right to compensation to those, that without the legal obligation of facing it, suffer prejudices in any of their goods and rights as a consequence of the irregular administrative activity of the State, being this, the one that causes prejudice to the goods and rights of the individuals that do not have the legal obligation of facing, since no legal foundation or legal cause of justification exists to legitimize the prejudice.
Now, in accordance to the same Law, the procedures of patrimonial responsibility of federal public bodies will be initiated by the claim of the interested party, who must present their claim before the agency or entity presumptuously responsible or the autonomous constitutional organism according to the Federal Law of Administrative Procedure, having to indicate in the lawsuit, where appropriate, the public officials involved in the administrative activity that is considered irregular, within a year, having the federal public entity to declare the corresponding resolution as a result of the claims that the Law foresees, and in the case those deny the compensation, or that, for its amount, they do not satisfy the interested, it could be disputed through the administrative appeal for review or, directly through the judicial process before the Federal Tribunal of Fiscal and Administrative Justice.
However, in order to directly contest through the judicial process before the Federal Tribunal of Fiscal and Administrative Justice, the delivered rulings to a claim, these must contain a substantial decision, this means, when there is a declaration in regards to any of the following elements: the existence of the prejudice; the cause-effect relationship between the patrimonial harm and the administrative action that produced it; the regularity of the administrative actions; and, in its case, the amount of money or kind of the compensation.
On the other hand, in the addressed case in the jurisprudence, the contentious administrative trial is inadmissible against the resolution that discards the claim for compensation due to expiry of the statutory deadline to promote it (1 year), because it is evident that the resolution does not involve any declaration about the elements mentioned in the previous paragraph, rather than that, precisely, due to the impossibility of making procedurally demandable the right to the compensation for the patrimonial responsibility of the State for its lack of execution during the term established by the law in its article 25, delays the Tribunal to solve if a prejudice was effectively caused to the individual, since it is also evident that it does not comply with the statutory deadline established in the Law to promote a claim.
Such jurisprudence is emitted by CONTRADICTION OF RULINGS (258/2015), between the decided by the Third Collegiate Tribunal in Criminal and Administrative Matters of the Fifth Circuit and the Thirteenth Collegiate Tribunal in Administrative Matters of the First Circuit.
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