Prevención de Lavado de Dinero (PLD)
De acuerdo con expertos en la materia, la expresión de lavado de dinero se originó en Estados Unidos entre 1920 y 1930, cuando famosos delincuentes como Al Capone compraban lavanderías y negocios pequeños para mezclar sus ingresos de actividades ilegales con el dinero en efectivo que se recibía en estos locales legales. Sin embargo, algunos investigadores señalan que la práctica como tal es más antigua cuyos orígenes datan de los comerciantes chinos que escondían su riqueza de los gobernantes valiéndose de cualquier tipo de técnicas. En la Edad Media, la usura fue declarada delito, por lo que mercaderes y prestamistas ingeniaron mecanismos para evadir las leyes que la castigaban.
En 1986, es aprobada la Ley de Control del Lavado de dinero en Estados Unidos, marcando así las medidas a seguir por otros países y organismos internacionales. Incluso en algunos países, el lavado de dinero producto de un delito da lugar a penas más severas que el mismo delito per se.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODOC, por sus siglas en inglés) señala que el esquema de lavado de dinero es circular ya que el dinero suele acabar en las manos de la persona que lo generó, mientras que un proceso de financiación al terrorismo es lineal. El dinero generado termina siendo utilizado para la propagación de grupos y/o en actividades terroristas. Otra diferencia es que, el dinero que financia a organizaciones terroristas puede provenir tanto de fuentes legítimas (empresas, organizaciones, etc.) como de orígenes criminales.
Parte de los esfuerzos que lidera esta oficina es el compromiso establecido en la Agenda 2030 de reducir significativamente los flujos financieros ilícitos, así como de armas, fortalecer la recuperación y devolución de los activos robados y luchar contra todas las formas de delincuencia organizada a fin de tener sociedades justas, pacíficas e inclusivas.
A nivel internacional, y mucho más enfocado en la prevención de lavado de dinero, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) ha desarrollado directrices internacionales que han sido adoptadas por 180 jurisdicciones. Recientemente, en un informe señaló que el tráfico de migrantes es un riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Calcula que las ganancias generadas por este delito son superiores a los 10,000 millones de dólares al año.
Identifica que uno de los métodos más comunes para lavar las ganancias del tráfico de migrantes, es la integración de las ganancias en negocios como tiendas, agencias de viajes y empresas de transporte, así como el uso de lavadores de dinero profesionales. Hace un llamado a los países para que sigan de manera proactiva el dinero vinculado al tráfico de migrantes, fortaleciendo la cooperación institucional, internacional y regional.
La pandemia ha generado posibles nuevas técnicas para el lavado de dinero, de hecho, los delitos informáticos han aumentado. El uso de las criptomonedas es una preocupación mundial, ya que “existen” fuera del sistema financiero mundial y hasta el momento no tienen fronteras, un análisis de Chainalysis rastreó que en 2019 un total de $2.8 mil millones en Bitcoin fue movido por delincuentes.
Uno de los delitos informáticos que más ha aumentado es el robo de identidad, las cuales son utilizadas por los delincuentes para el lavado de dinero.
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) en un informe advierte de un aumento de delitos relacionados con la corrupción, fraudes financieros y estafas. Esto derivado de que los países han concentrado sus esfuerzos en la atención de la crisis sanitaria relajando algunas normativas, de hecho, espera una reducción en el volumen de reportes de operaciones sospechosas y retrasos en la obtención de información adicional requeridas para las investigaciones necesarias.
Con la finalidad de regular los actos u operaciones económicas considerados propensos a la captación de recursos de procedencia ilícita, para financiar el crimen organizado, así como al terrorismo, en México se aprobó la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como “Ley Antilavado”.
Se establece que tanto las personas físicas y morales que lleven a cabo operaciones denominadas como actividades vulnerables, tienen la obligación de: identificar a los clientes y usuarios con quienes realicen las operaciones, presentar los Avisos correspondiente en tiempo y forma, proteger y resguardar la información y documentación que sirva de soporte, brindar las facilidades necesarias para que se lleven a cabo las visitas de verificación, y solicitar al cliente o usuario, información acerca del dueño beneficiario, y de existir, mostrar documentación oficial de este.
La PYME debe cumplir, también, con estas regulaciones. Debe establecer procedimientos que le permitan identificar, evaluar y mitigar este riesgo de manera efectiva, sin incurrir en un costo excesivo y con medidas adecuadas a sus capacidades. Por ello, es importante conocer las leyes antilavado existentes y cooperar con las autoridades correspondientes; conocer el entorno y el negocio, así como a su cliente y el origen de sus fondos.
No implementar estas medidas pone en riesgo la continuidad de la empresa, exponiéndola a un escenario de lavado de activos. Contribuyendo indirectamente (o directamente) con un sistema de corrupción que, al final termina por empobrecer al país y a la sociedad.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, las actividades de lavado de dinero le cuestan al mundo entre el 2% y el 5% del PIB, es decir de forma anual se lavan de 800 mil millones a 2 billones de dólares lavados anualmente. Del cual el 90% no es detectado.
Fuente:
https://legaljobs.io/blog/money-laundering-statistics/
https://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/overview.html
https://www.fatf-gafi.org/publications/covid-19/covid-19.html?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate)
https://www.sat.gob.mx/consulta/10022/conoce-la-ley-antilavado
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According to experts in the field, the term money laundering originated in the United States between 1920 and 1930, when famous criminals such as Al Capone bought laundromats and small businesses to mix their income from illegal activities with the cash received in these legal premises. However, some researchers point out that the practice itself is older, with origins dating back to Chinese merchants who hid their wealth from the rulers using any number of techniques. In the Middle Ages, usury was declared a crime, so merchants and moneylenders devised mechanisms to evade the laws that punished it.
In 1986, the Money Laundering Control Act was approved in the United States, marking the measures to be followed by other countries and international organizations. Even in some countries, the money laundering resulting from a crime gives cause for harsher penalties than the crime itself.\
The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODOC) points out that the money laundering scheme is circular as the money usually ends up in the hands of the person who generated it, while a terrorist financing process is linear. The money generated ends up being used for the propagation of groups and/or terrorist activities. Another difference is that the money that finances terrorist organizations can come from both legitimate sources (companies, organizations, etc.) and criminal origins.
Part of the efforts led by this office is the commitment set out in the 2030 Agenda to significantly reduce illicit financial flows and arms flows, strengthen the recovery and return of stolen assets and fight against all forms of organized crime in order to have fair, peaceful and inclusive societies.
At the international level, and much more focused on the prevention of money laundering, the Financial Action Task Force (FATF) has developed international guidelines that have been adopted by 180 jurisdictions. Recently, in a report, it pointed out that migrant smuggling is a money laundering and terrorist financing risk. It estimates that the profits generated by this crime exceed US$10 billion per year.
It identifies that one of the most common methods of laundering the proceeds of migrant smuggling is the integration of the proceeds into businesses such as stores, travel agencies and transportation companies, as well as the use of professional money launderers. It calls on countries to proactively follow the money linked to migrant smuggling by strengthening institutional, international and regional cooperation.
The pandemic has generated possible new techniques for money laundering, in fact, cybercrime has increased. The use of cryptocurrencies is a global concern, as they “exist” outside the global financial system and so far have no barriers, an analysis by Chainalysis tracked that in 2019 a total of $2.8 billion in Bitcoin was moved by criminals.
One of the cybercrimes that has increased the most is identity theft, which is used by criminals for money laundering.
The Latin American Financial Action Task Force (GAFILAT) in a report warns of an increase in corruption-related crimes, financial fraud and scams. This is due to the fact that countries have concentrated their efforts in addressing the health crisis by softening some regulations, in fact, it is expected to have a reduction in the volume of suspicious transaction reports and delays in obtaining additional information required for the necessary investigations.
The Federal Law for the Prevention and Identification of Operations with Resources of Illicit Origin, better known as the “Anti-Money Laundering Law”, was approved in Mexico in order to regulate economic acts or operations considered likely to attract resources of illicit origin to finance organized crime and terrorism.
It is established that both individuals and legal entities that carry out operations denominated as vulnerable activities are obliged to: identify the clients and users with whom they carry out the operations, submit the corresponding Notices in a timely manner, protect and safeguard the information and documentation that serves as support, provide the necessary facilities for verification visits to be carried out, and request information about the beneficial owner from the client or user, and if available, show official documentation of the owner or user.
The SME must also comply with these regulations. It must establish procedures that allow it to identify, evaluate and mitigate this risk effectively, without incurring excessive costs and with measures appropriate to its capabilities. It is therefore important to be aware of existing anti-money laundering laws and to cooperate with the relevant authorities; to know the environment and the business, as well as its client and the origin of its funds.
Failure to implement these measures puts the continuity of the company at risk, exposing it to a scenario of money laundering. Contributing indirectly (or directly) to a system of corruption that, in the end, impoverishes the country and society.
According to the United Nations, money laundering activities cost the world between 2% and 5% of GDP, in other words, between 800 billion and 2 trillion dollars are laundered annually, and 90% of this money laundering goes undetected.
Source:
https://legaljobs.io/blog/money-laundering-statistics/
https://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/overview.html
https://www.fatf-gafi.org/publications/covid-19/covid-19.html?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate)
https://www.sat.gob.mx/consulta/10022/conoce-la-ley-antilavado
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