Los responsables económicos de los siete países más desarrollados (G7) buscarán cerrar un acuerdo que implicaría una revolución en el sistema fiscal global, al establecer un impuesto mínimo de sociedades y la tasación a las grandes tecnológicas. Aun si los ministros de Finanzas y los gobernadores de bancos centrales del grupo alcanzan un pacto en Londres, este todavía deberá someterse al examen del G20 y de la OCDE. Pero lo que es seguro es que, sin este consenso previo, la gran reforma fiscal estará condenada a morir sin haber nacido. El Reino Unido, anfitrión de la cita ministerial y de la cumbre que la semana que viene reunirá a los líderes del G7 en Cornualles (suroeste de Inglaterra), se muestra "optimista" ante la posibilidad de un acuerdo, según fuentes gubernamentales. El Gobierno de Boris Johnson considera que un eventual entendimiento está sujeto a que al menos se produzcan "avances" mañana y pasado entre los ministros de su país, Francia, Italia, Alemania, Canadá, Estados Unidos y Japón, además de la Unión Europea. Al igual que el resto de los miembros del grupo, Londres cree que el acuerdo debe sustentarse sobre ambos pilares: la imposición mínima a empresas y las tasas a las grandes multinacionales -especialmente tecnológicas- que operan en todo el mundo pero casi sólo contribuyen en los países donde tienen domicilio fiscal. El uno sin el otro, insisten, no son viables. La voluntad del nuevo presidente estadounidense, Joe Biden, ha sido decisiva para resucitar un proyecto que comenzaba a languidecer. En la conversación flota la cifra del 15 % como un tipo aceptable para el impuesto mínimo de sociedades. Queda lejos del 21 % al que aspiraba Francia, pero todavía es un plato difícil de digerir para Estados con baja presión fiscal como Países Bajos o Irlanda. El inicio de la reunión el viernes se dedicará precisamente a este asunto. Para sesiones posteriores quedarán otros como la obligación a las empresas de difundir el impacto climático de sus actividades o la necesidad de que la recuperación pospandemia sea homogénea entre países. PRESIÓN ESTADOUNIDENSE Pese a que el tono desde Washington ha cambiado respecto a la presidencia de Donald Trump, todos saben que las negociaciones no serán fáciles. El Gobierno de Biden lo dejó claro ayer al anunciar la imposición de aranceles, aunque los suspendió de inmediato durante seis meses, a los países que han aprobado la llamada "tasa digital" a las grandes tecnológicas, entre ellos España. Estados Unidos recordó que su objetivo es encontrar "una solución multilateral" dentro del G20 -cuyos ministros de Finanzas se reunirán en julio- y de la OCDE, pero se guardan la bala de los aranceles en la recámara por si las negociaciones no fructifican. Para EE.UU. es especialmente relevante hallar un acuerdo para un tipo mínimo del impuesto de sociedades, toda vez que Biden pretende elevarlo del 21 % al 28 % en su país para costear sus masivos programas de gasto público. Contará previsiblemente con el respaldo de los anfitriones, sumidos en una situación similar, y de Francia, que se ha posicionado desde hace años como ariete de la iniciativa. El ministro francés del ramo, Bruno Le Maire, declaró este jueves que su país "no ha ahorrado esfuerzos para que los gigantes digitales, grandes ganadores de esta crisis, paguen su justa parte de impuestos", por lo que instó a sus colegas del G7 a respaldar la propuesta en la cita de Londres. Se trata, a juicio de Le Maire, de una "etapa decisiva" antes de la reunión del G20 en julio y de un objetivo "al alcance de la mano". Será la primera reunión presencial de los responsables de las políticas económicas de las siete democracias más desarrolladas desde la que tuvieron hace ahora dos años en Francia. A lo largo de este año, los ministros de Finanzas han tenido cuatro reuniones virtuales este año que han allanado el camino para un acuerdo.

El supuesto consentimiento de la inteligencia de Dinamarca a que Estados Unidos usara sus cables de telecomunicaciones para practicar el "espionaje amigo" ha colocado bajo presión a los servicios secretos de este país, del que reclaman explicaciones Francia y Alemania, países afectados por esas escuchas. "El caso se remonta a hace años. Pero si la información es cierta no es aceptable, menos aún entre aliados europeos", afirmó el presidente francés, Emmanuel Macron, tras su consultas bilaterales en formato virtual con la canciller alemana, Angela Merkel, cuyo teléfono estuvo durante años sometido a escuchas por EE.UU, según salió a relucir en 2013. "Lo que dije entonces sigue vigente ahora. No puede haber espionaje entre amigos", afirmó la canciller, tras suscribir lo dicho por Macron, en relación a un escándalo que, en su momento, sacudió las relaciones entre Berlín y Washington. Entre socios, más entre socios europeos "no puede haber espacio para la sospecha", añadió el presidente francés, quien indicó que su país ya ha reclamado de Dinamarca "información completa" y está a la espera de respuestas. La reacción de Berlín y París sigue a las revelaciones difundidas ayer por medios daneses y alemán. Según éstas, la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense (NSA) usó los cables daneses entre 2012 y 2014 para realizar escuchas ilegales a Merkel y otros políticos alemanes, además de altos dirigentes de Francia, Suecia y Noruega. Así consta en una investigación de la televisión pública danesa DR y otros medios, que cita nueve fuentes sin identificar con acceso a material clasificado del servicio de inteligencia de Defensa (FE): un informe confidencial de 2015 que concluía que la NSA había espiado usando la red de este país nórdico. El informe fue entregado a la dirección del FE, sin que este hiciera nada, según la DR, pero el organismo encargado de controlar a la inteligencia danesa, alertado por un informante, abrió tres años después una investigación que finalizó en agosto pasado con una dura crítica a las prácticas de los servicios secretos. Varios altos cargos del FE fueron suspendidos entonces por las escuchas realizadas a ciudadanos daneses y el Gobierno creó en diciembre una comisión, aunque hasta ahora no había trascendido el supuesto espionaje a líderes europeos por la NSA. PETICIÓN DE COMPARECENCIA DE MINISTROS Lista Unitaria y el Partido Socialista Popular, aliados del Gobierno socialdemócrata en minoría, pidieron hoy la comparecencia en el Parlamento de los ministros de Justicia, Nick Hækkerup, y Defensa, Trine Bramsen, para que den explicaciones. "Esto hace que políticos de Suecia, Noruega y Alemania, nuestros socios más cercanos, no puedan confiar en Dinamarca. Es un gran problema y más aún si se sabía y se aceptó con los ojos abiertos", afirmó Eva Flyvholm, portavoz en temas de defensa de Lista Unitaria. Flyholm ha reclamado además que la citada comisión investigue también este caso y que se pidan disculpas a los países espiados. Ni los organismos afectados ni el Gobierno han querido comentar las últimas revelaciones, con excepción de un breve escrito enviado por Bramsen a la DR en el que resalta que no puede hablar de "especulaciones" sobre temas de inteligencia y que estos son tratados en las comisiones parlamentarias. Bramsen añadió no obstante que su Gobierno tiene la misma posición que la mostrada en 2012 y 2014 por la entonces primera ministra socialdemócrata, Helle Thorning-Schmidt: "las escuchas sistemáticas de aliados estrechos son inaceptables". UN ESCÁNDALO DESTAPADO EN 2013 POR REVELACIONES PERIODÍSTICAS El escándalo por el espionaje "amigo" que EEUU practicó a Merkel y otros líderes salió a relucir en 2013, gracias a las denuncias del exanalista de la CIA Edward Snowden, y empañó las relaciones entre los dos grandes aliados transatlánticos, Berlín y Washington. Merkel expresó ya su malestar al entonces presidente, Barack Obama, por lo que tachó de "inaceptable espionaje entre amigos". Sucesivas revelaciones periodísticas sacaron a la luz esas prácticas, que la NSA había estado llevando a cabo desde los 90 y que afectaron a otros líderes y al Banco Central Europeo (BCE). "Les pido que entiendan que sobre temas y actividades de inteligencia no se habla aquí públicamente, sino que se tratan con las correspondientes comisiones en el Parlamento", dijo hoy en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo alemán, Steffen Seibert. El secretario de Estado de Asuntos Europeos francés, Clément Beaune, habló de hechos "extremadamente graves" si se prueba que son ciertos, términos similares a los empleados por el jefe de la diplomacia noruega, Frank Bakke-Jensen. "Exigimos que se nos informe de los casos que afectan a ciudadanos, empresas e intereses suecos. Y luego veremos qué respuesta dan los políticos de Dinamarca", declaró el ministro de Exteriores sueco, Peter Hultqvist.

Representantes de China y Estados Unidos mantuvieron una conversación telefónica para tratar de "desarrollar el comercio bilateral", estancado desde 2018 por la guerra comercial iniciada por el expresidente de EE. UU. Donald Trump. Se trata de la primera vez que Pekín y Washington abordan de manera oficial cuestiones comerciales desde que, el pasado mes de enero, Joe Biden fuera investido como presidente de Estados Unidos. Así, el jefe negociador de la parte china, el vice primer ministro Liu He, conversó con la representante comercial estadounidense, Katherine Tai, informó hoy el Ministerio de Comercio de China en un sucinto comunicado publicado en su página web. "Ambas partes -asegura el texto oficial-, mantuvieron intercambios sinceros, pragmáticos y constructivos con actitud igualitaria y respeto mutuo". Según el comunicado, China y Estados Unidos "creen que el desarrollo del comercio bilateral es muy importante, intercambiaron puntos de vista sobre asuntos de interés común, y acordaron seguir manteniendo el contacto". También Estados Unidos emitió un breve comunicado al respecto, en el que considera la conversación "una reunión virtual preliminar" en la que se debatió "la importancia de la relación comercial" entre las dos mayores potencias económicas del planeta. La versión estadounidense apunta que Tai abordó los principios de la actual Administración y su "política comercial centrada en los trabajadores", así como su "proceso de revisión de la relación comercial entre EE. UU. y China". El pasado mes de marzo, Tai adelantó que Washington no preveía levantar a corto plazo los aranceles impuestos a los productos chinos durante la Administración Trump. Durante el Gobierno de Trump, EE.UU. impuso aranceles a productos chinos por valor de unos 370.000 millones de dólares (303.558 millones de euros) anuales, en torno a tres cuartas partes de las exportaciones del país asiático, a lo que Pekín respondió con sus propias medidas contra las exportaciones estadounidenses. La relación entre ambos países comenzó a deteriorarse en marzo de 2018, con el inicio de la guerra comercial y el consecuente intercambio de imposiciones arancelarias, y derivó después en enfrentamientos en los planos diplomático y tecnológico, entre otros. En enero de 2020, China y Estados Unidos firmaron un acuerdo comercial parcial que se comprometieron a revisar cada seis meses, aunque la última vez que las dos partes lo hicieron fue el pasado mes de agosto.

En este espacio abordaremos la temática de las obligaciones de las empresas IMMEX desde la perspectiva teórica con el objeto de identificar las obligaciones de hacer, no hacer, dar y tolerar por parte de los sujetos obligados que cuentan con la autorización de un programa de fomento a las exportaciones. Las empresas IMMEX, al obtener una autorización del programa IMMEX, gozarán de los beneficios que ofrece este programa, sin embargo, deberán de cumplir una serie de obligaciones de hacer, no hacer, dar y tolerar para conservar las facilidades de este. En este video te explicamos las Obligaciones de Hacer.

Corrupción#LoVisteEnPSN La World Compliance Association firmó un convenio con la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción con el fin de compartir las mejores prácticas, capacitar a la ciudadania y combatir la corrupción en distintos niveles, construyendo un puente entre el sector público y el sector empresarial.

España defendió que se avance de “forma decisiva” y “se de un respaldo claro” al pacto entre Mercosur y la Unión Europea en la reunión de ministros de Comercio de la UE celebrada de forma presencial en Bruselas, afirmó la secretaria de Estado de comercio del Gobierno de España, Xiana Méndez. Durante el encuentro, la representación española instó a los Estados miembros que se diga “de forma clara” que la intención es trabajar “en compromisos adicionales” para poder aprobarlo y ratificarlo, según explicó Méndez. “Nosotros creemos que tenemos que seguir avanzando con la intención de que en algún momento se pueda impulsar o acelerar”, afirmó la política española quien cree que el pacto comercial podría abrir la puerta a “nuevos acuerdos de libre comercio amplios”. El acuerdo de Bruselas con Mercosur y el peso que debe tener el acuerdo en la estrategia comercial europea para los próximos años ha sido uno de los temas de mayor calado que han abordado los titulares europeos en su reunión de este jueves. Firmado en 2019, el pacto no se ha podido ratificar aún por la negativa de Francia, Bélgica, Países Bajos, Irlanda y Austria, que abiertamente ha manifestado su veto al acuerdo, que tampoco satisface a la Eurocámara. Sin embargo, Méndez aseveró que entre los países de la UE existe un “apoyo bastante grande" al hecho de que la "negociación está cerrada” y muy poca oposición frontal, pero que la fecha crucial será la celebración del COP 26 en la que si todos los agentes implicados trasladan su “ambición” será “una señal muy positiva” de avance. Sobre la mesa también se colocó el tema de la reforma de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y las disputas arancelarias con Estados Unidos tras acordar Bruselas y Washington este martes dialogar para cerrar su disputa arancelaria en los sectores del acero y el aluminio. Por parte de la administración de Joe Biden acudió la representante de Comercio Exterior de Estados Unidos, Katherine Tai, que durante su encuentro con los ministros europeos trasladó “mensajes muy positivos y de compromiso”, detalló la secretaria de Estado español. Tai también mostró la disposición del Ejecutivo norteamericano de trabajar conjuntamente el "seno de la OCDE" sobre impuestos a determinados servicios digitales y la fiscalidad corporativa global, según Méndez. Además, destacó el viraje positivo de la administración de Estados Unidos con la llegada de Biden y señaló que confía en que entre la UE y Estados Unidos se encuentre la mejor manera de “crear las condiciones” para que la industria siderúrgica “siga siendo competitiva y también cada vez más sostenible y también en lo ambiental”.

La Unión Europea llegó a un acuerdo sobre un certificado digital de covid a partir del próximo 1 de julio, un pacto en el que los Estados miembros se comprometen a evitar imponer medidas como cuarentenas, aunque se reservan el derecho a hacerlo de forma proporcionada si es necesario. "Sin prejuicio a la competencia de los Estados miembros de imponer restricciones en base a la salud pública", los países "evitarán imponer restricciones adicionales a los viajes (...) a no ser que sean necesarias y proporcionadas para salvaguardar la salud pública en respuesta a la pandemia de covid-19", reza el texto final. El principal reclamo de los Estados miembros durante esta negociación había sido mantener sin cambios la soberanía sobre sus propias fronteras para reservarse el derecho de imponer cuarentenas o PCR adicionales a los viajeros que entran en su territorio, una capacidad que han empleado de forma heterogénea durante la pandemia. El pacto al que se ha llegado implica que los Veintisiete intentarán evitar este tipo de medidas para los ciudadanos que tengan el nuevo certificado, pero no excluyen imponerlas si la situación epidemiológica lo requiere y siempre que sean "necesarias y proporcionadas", teniendo en cuenta los datos sobre el avance de la pandemia. El negociador principal del Parlamento Europeo para el certificado, el socialista Juan Fernando López Aguilar, explicó que, si los Estados miembros quieren imponer este tipo de medidas, deben notificar a sus socios y a la Comisión Europea con 48 horas de antelación y especificando las razones para imponerlas, su alcance, su duración y qué portadores del certificado quedan sujetos o exentos de la medida. El certificado, que funcionará durante doce meses, será vinculante en toda la UE para las vacunas aprobadas por la Agencia Europea del Medicamentos, que por ahora ha validado los fármacos de Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca y Jannsen. También contendrá si el viajero ha recibido alguna otra vacuna aprobada por un Estado miembro, pero no por la EMA, como el caso de Hungría, que administra también la vacuna rusa Sputnik V y la china de Sinopharm, pero será potestad de cada Estado miembro decidir si las considera válidas o no. BRUSELAS PIDE QUE EL CERTIFICADO EXIMA DE RESTRICCIONES El comisario europeo de Justicia e Interior, Didier Reynders, pidió a los Estados miembros que apliquen las menores restricciones posibles a la libre circulación una vez entre en vigor el certificado de covid. "Llamamos a todos los Estados miembros a que se abstengan de aplicar restricciones adicionales a las personas que tengan el certificado a partir de julio", declaró a la prensa el comisario tras el acuerdo entre el Consejo, el Parlamento y la Comisión europeos sobre ese documento. No obstante, Reynders precisó que sería comprensible que puntualmente se apliquen medidas "en función de la evolución de la situación epidemiológica en una u otra región" y "en base a la situación sanitaria". 100 MILLONES PARA FINANCIAR TESTS PCR Junto al acuerdo sobre el certificado, la Comisión Europea se ha comprometido a movilizar 100 millones de euros del Instrumento de Apoyo de Emergencia comunitario para financiar pruebas PCR, destinadas especialmente a grupos como trabajadores y estudiantes transfronterizos, a quienes viajan para recibir atención médica o para cuidar a seres queridos. La propuesta parte de la Comisión con vistas a hallar un consenso entre la postura del Parlamento Europeo, que quería asegurar la gratuidad o una limitación en el precio de estas pruebas, y la del Consejo, que rechazaba rebajar su coste. Esto, argumentaba el Parlamento, suponía una discriminación entre las personas que ya han sido vacunadas -y no tendrían que asumir ningún coste extra para viajar- y quienes aún no han accedido a la inmunización y, con vistas a obtener un certificado, deben probar que tienen anticuerpos tras pasar el coronavirus o pagar por una prueba PCR. PRÓXIMOS PASOS El siguiente paso legislativo para el certificado será la validación en la comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo la próxima semana y por el pleno de la Eurocámara en la semana del 7 al 10 de junio. En paralelo, también el Consejo tendrá que dar luz verde al acuerdo.