México: Regulación Laboral en la Economía Digital
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en su documento “Ocupaciones emergentes en la economía digital y su regulación en México” hace un análisis sobre los retos y oportunidades que enfrenta nuestro país para lograr una protección y acceso a derechos laborales de las personas que trabajan en la economía digital, en plataformas.
Menciona las discusiones que existen, a nivel mundial, relativas a si las plataformas son prestadoras de servicios o son solamente intermediarias tecnológicas, sin responsabilidades como empleadoras. De igual forma se debate si generan nuevas ocupaciones, semejanzas y diferencias con las formas tradicionales de empleo no estándar, y si quienes las realizan son trabajadores subordinados o independientes. Estas discusiones son los primeros retos que se deben definir para poder avanzar en la regulación del sector.
De acuerdo con el análisis en Francia e Italia existe una regulación específica para trabajadores de estas plataformas. En Reino Unido y España existen categorías intermedias, mientras que en Colombia y México hay algunas iniciativas al respecto. Desde 2016 el Código del Trabajo francés contempla la responsabilidad social de las plataformas (con limitadas obligaciones) con los trabajadores independientes, principalmente en materia de seguridad social y accidentes de trabajo. En el caso de algunas regiones de Italia, existen regulaciones concretas sobre los derechos laborales de estos trabajadores incluyendo el acceso a la salud, seguridad, capacitación, así como el derecho al salario mínimo establecido en las negociaciones sectoriales por parte de los sindicatos a nivel nacional.
Explica el documento que las condiciones de estos trabajadores son determinadas por las plataformas, en algunos casos de forma unilateral. Reciben órdenes sobre cómo realizar el trabajo, pueden ser fácilmente “desconectados” por una mala evaluación y están inscritos en una estructura organizativa empresarial. En este tenor, se configuran las características de una subordinación, pero sin que se les reconozca el carácter de trabajadores.
Destaca que la regulación de las plataformas es importante debido a esta modalidad se caracteriza por un elevado incumplimiento de los criterios del trabajo decente: presenta inestabilidad de trabajo e ingresos, una significativa proporción de tiempo no remunerado, largas jornadas de trabajo y la ausencia de protección sociolaboral.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su estudio “Plataformas digitales: un futuro del trabajo con oportunidades y desafíos para América Latina y el Caribe”, señala que la región tiene un largo camino por recorrer para conseguir que las plataformas digitales ofrezcan oportunidades de trabajo decente e impulsen el crecimiento de empresas sostenibles.
Al igual que en el informe de la CEPAL, señala como principal desafío el de la relación de trabajo que existe en este modelo de negocios, la cual se vuelve cada vez más difusa entre asalariados y autónomos. El informe de OIT destaca que numerosas plataformas tienen una nómina de asalariados para garantizar sus operaciones y administración, y otra gran planilla de colaboradores autónomos que efectúan la conexión entre empresas y clientes, cuya relación de trabajo con la empresa digital es poco clara.
Señala que durante la última década el número de plataformas digitales de trabajo que operan en toda la región aumentó 14 veces, de 4 a 56 según los datos recopilados por el informe. En la región la mayor parte de las inversiones se concentran en las plataformas de transporte y de reparto.
El informe concluye que el diálogo social en los países y la cooperación internacional serán claves para abordar los problemas como: los de la clasificación de los trabajadores, la adaptación de los marcos jurídicos y de respuesta, las garantías de protección social y derechos que implican un trabajo formal, entre otros.
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) publicó una revisión global del impacto de la pandemia de COVID-19 en el comercio electrónico y la economía digital, donde también concluye que es imperante realizar más acciones para reducir las desigualdades en el comercio electrónico entre los países. Insta a los gobiernos, las empresas, los consumidores y los socios de desarrollo internacionales a garantizar que el comercio electrónico desempeñe un «papel positivo y poderoso» en los esfuerzos de recuperación nacionales e internacionales.
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