Impuestos ecológicos tienen sustento en el deber de contribuir al gasto público
El pasado 23 de octubre de 2020, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó en el Semanario Judicial de la Federación la Jurisprudencia en materia de Constitucionalidad con número 2a./J. 56/2020, cuyo rubro señala: “IMPUESTOS ECOLÓGICOS O COSTO EFICIENTES. ENCUENTRAN SUSTENTO EN EL DEBER DE CONTRIBUIR AL GASTO PÚBLICO, ASÍ COMO EN EL DERECHO AL ACCESO A UN AMBIENTE SANO Y EN EL PRINCIPIO “QUIEN CONTAMINA PAGA”, CONSAGRADOS, RESPECTIVAMENTE, EN LOS ARTÍCULOS 31, FRACCIÓN IV Y 4o., PÁRRAFO QUINTO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.”
Mediante dicho criterio, nuestro máximo órgano de justicia señaló que diversas personas morales promovieron juicio de amparo indirecto contra la entrada en vigor de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, concretamente los preceptos 8 a 34 que establecen diversos impuestos ambientales (entre ellos el de emisión de gases a la atmosfera), aduciendo que los tributos que se imponen transgreden el principio de proporcionalidad tributaria.
Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó su criterio jurídico resolviendo que los impuestos ecológicos en estricto sentido buscan, entre otros aspectos, el reconocimiento de los gastos que deben realizarse para remediar o al menos paliar los efectos negativos que se originan en un proceso productivo que contamina o que tiene un impacto ecológico cuyo autor, en vez de internalizarlos e incorporarlos a sus erogaciones, traslada al Estado la carga económica de repararlos y tal reconocimiento se inserta en el deber de contribuir al gasto público consagrado por el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Quien contamina debe pagar en una proporción razonable respecto de la prevención o, en su caso, de la reparación del probable efecto causado o deterioro ambiental y en la cuantía suficiente para corregir el daño en el ambiente, lo cual equivaldrá a la incidencia económica en el gasto público. Asimismo, este tipo de tributos encuentran respaldo jurídico en el artículo 4o., párrafo quinto de dicha Constitución General ya que, por una parte, incluyen en la configuración de su hecho imponible y de su base el deber público de protección ambiental, velando con ello por el acceso y goce a que tienen derecho todos los ciudadanos (no solo quienes realicen procesos productivos contaminantes) respecto de los bienes públicos ambientales, lo que se traduce en el acceso a un medio ambiente sano. Por otra parte, tales contribuciones también se sustentan en el principio “quien contamina paga”, conforme al cual el daño y deterioro del ambiente generan responsabilidad para quien lo provoque en los términos que establezca la ley, cuya interpretación armónica con la Recomendación del Consejo sobre los principios rectores de los aspectos económicos internacionales de las políticas ambientales de 26 de mayo de 1972, emitida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), permite concluir que se trata de una medida originalmente preventiva y, sólo en caso necesario, tendrá el carácter de correctiva. Con base en ese principio, el legislador puede hacer recaer los costos (de prevención o corrección) de la contaminación sobre quien los genera con los consiguientes incentivadores de la búsqueda de materias y tecnologías limpias, lo cual no obstruye el desarrollo económico, sino que lo redirige hacia un desarrollo económico de carácter sustentable en el cual se tome en consideración la conservación de los bienes ambientales.
Como vemos, nuestro máximo Tribunal en este criterio establece esencialmente que, tratándose de los impuestos ecológicos o costo eficientes, los mismos tienen sustento en los artículos 4o., párrafo quinto y 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que incluyen como parte de su hecho generador y de su base el deber público de protección ambiental, velando con ello por el acceso y goce a que tienen derecho todos los ciudadanos respecto de los bienes públicos ambientales, lo que se traduce en el acceso a un medio ambiente sano. Dichos tributos también tienen su base en el principio que reza “quien contamina paga”, conforme al cual el daño y deterioro del ambiente generan responsabilidad para quien lo provoque, cuya interpretación armónica con la Recomendación emitida por un organismo internacional como es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) permite concluir que estos impuestos se tratan de una medida originalmente preventiva y, solo en caso necesario, tendrá el carácter de correctiva, por ello el legislador puede hacer recaer dichos costos de la contaminación sobre quien los genera, esto en la búsqueda de materias y tecnologías limpias. Finalmente, los impuestos ecológicos están relacionados con el deber de contribuir al gasto público consagrado por dicho artículo 31, fracción IV de la Constitución General, pues quien contamina debe pagar en una proporción razonable respecto de la prevención o, en su caso, de la reparación del probable efecto causado o deterioro ambiental y en la cuantía suficiente para corregir el daño en el ambiente.
“En TLC Asociados desarrollamos un equipo multidisciplinario de expertos en auditorías y análisis de riesgos para asesorar y promover el cumplimiento en operaciones de comercio exterior”.
Para más información o comentarios sobre esta publicación contacte a:
División Legal
TLC Asociados S.C.
Prohibida la reproducción parcial o total. Todos los derechos reservados de TLC Asociados, S.C. El contenido del presente artículo no constituye una consulta particular y por lo tanto TLC Asociados, S.C., su equipo y su autor, no asumen responsabilidad alguna de la interpretación o aplicación que el lector o destinatario le pueda dar.
On October 23, 2020, the Second Chamber of the Supreme Court of Justice of the Nation published in the Judicial Weekly of the Federation the Constitutional Jurisprudence number 2a./J. 56/2020, which states: “ENVIRONMENTAL OR COST EFFECTIVE TAXES. THEY FIND SUPPORT IN THE DUTY TO CONTRIBUTE TO PUBLIC EXPENDITURE, AS WELL AS IN THE RIGHT TO ACCESS TO A HEALTHY ENVIRONMENT AND IN THE PRINCIPLE ” POLLUTER PAYS”, CONSTITUTED, RESPECTIVELY, IN ARTICLES 31, SECTION IV AND 4th, FIFTH PARAGRAPH, OF THE POLITICAL CONSTITUTION OF THE UNITED MEXICAN STATES”.
Our highest justice body stated that several corporations filed an indirect constitutional appeal (juicio de amparo indirecto) against the entry into force of the Tax Law of the State of Zacatecas, specifically precepts 8 to 34 that establish various environmental taxes (among them the tax on the emission of gases into the atmosphere), arguing that the taxes imposed violate the principle of tax proportionality.
In this regard, the Second Chamber of the Supreme Court of Justice of the Nation determined its legal criteria by ruling that environmental taxes strictly speaking seek, among other aspects, the recognition of the expenses that must be incurred to remedy or at least mitigate the negative effects that originate in a productive process that pollutes or has an ecological impact whose author, instead of internalizing them and incorporating them into his expenditures, transfers to the State the economic burden of repairing them, and such recognition is inserted in the duty to contribute to public spending enshrined in article 31, section IV of the Political Constitution of the United Mexican States. The polluter must pay in a reasonable proportion with respect to the prevention or, as the case may be, the repair of the probable effect caused or environmental deterioration and in an amount sufficient to correct the damage to the environment, which will be equivalent to the economic impact on public expenditure. Also, this type of taxes find legal support in article 4, paragraph five of the General Constitution since, on the one hand, they include in the configuration of their taxable event and their base the public duty of environmental protection, thus ensuring the access and enjoyment to which all citizens (not only those who carry out polluting productive processes) have the right with respect to environmental public goods, which translates into access to a healthy environment. On the other hand, such contributions are also based on the “polluter pays” principle, according to which the damage and deterioration of the environment generate liability for whoever causes it under the terms established by law, whose harmonic interpretation with the Recommendation of the Council on the guiding principles of the international economic aspects of environmental policies of May 26, 1972, issued by the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), allows concluding that it is originally a preventive measure and, only if necessary, it will have the character of a corrective measure. Based on this principle, the legislator can make the costs (of prevention or correction) of pollution fall on those who generate it, with the consequent incentives for the search for clean materials and technologies, which does not obstruct economic development, but rather redirects it towards sustainable economic development in which the conservation of environmental assets is taken into consideration.
As we can see, our highest Court establishes in this criterion that, in the case of environmental or cost efficient taxes, they are based on articles 4, paragraph five and 31, section IV of the Political Constitution of the United Mexican States, insofar as they include as part of their generating fact and their basis the public duty of environmental protection, thus ensuring the access and enjoyment to which all citizens are entitled with respect to environmental public goods, which translates into the access to a healthy environment. These taxes are also based on the “polluter pays” principle, according to which the damage and deterioration of the environment generate liability for whoever causes it, whose harmonic interpretation with the Recommendation issued by an international organization such as the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) allows concluding that these taxes are originally a preventive measure and, only if necessary, will have the character of corrective, therefore the legislator can make the costs of pollution fall on whoever generates them, this in the search for clean materials and technologies. Finally, ecological taxes are related to the duty to contribute to the public expense established by article 31, section IV of the General Constitution, since the polluter must pay in a reasonable proportion with respect to the prevention or, as the case may be, the repair of the probable effect caused or environmental deterioration and in a sufficient amount to correct the damage to the environment.
“In TLC Asociados, we develop a multidisciplinary team of experts in audits and risk analysis for consulting and ensuring compliance with foreign trade operations”.
For further information or comments regarding this article, please contact:
Legal Division
TLC Asociados S.C.