Impuestos Ecológicos: Sus fines no son meramente recaudatorios
El pasado 23 de octubre de 2020, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó en el Semanario Judicial de la Federación la Jurisprudencia en materia de Constitucionalidad con número 2a./J. 53/2020, cuyo rubro señala: “IMPUESTOS ECOLÓGICOS O COSTO EFICIENTES. SU DISEÑO DE CÁLCULO INCLUYE UN DEBER PÚBLICO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, POR LO QUE SUS FINES NO SON MERAMENTE RECAUDATORIOS.”
Mediante dicho criterio, nuestro máximo órgano de justicia señaló que diversas personas morales promovieron juicio de amparo indirecto contra la entrada en vigor de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, concretamente los preceptos 8 a 34 que establecen diversos impuestos ambientales (entre ellos el de emisión de gases a la atmosfera), aduciendo que dichos tributos que se imponen son meramente recaudatorios.
Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó su criterio jurídico resolviendo que los impuestos ecológicos o costo eficientes, previstos en las disposiciones reclamadas, no buscan exclusivamente mayor recaudación, sino que su diseño de cálculo incluye un deber público de protección ambiental. Dicho criterio se justifica en que la base de los impuestos ecológicos se encuentra íntimamente relacionada con la emisión de sustancias, la extracción de materiales o con cualquiera que sea el elemento o circunstancia que genere o sea susceptible de ocasionar un impacto ecológico negativo, lo cual, además de pretender el reconocimiento de los costos originados por las externalidades negativas, busca generar un incentivo para mejorar los procesos productivos contaminantes, ello en virtud de que en la medida en que los productores inviertan en el desarrollo de tecnología que reduzca, minimice o incluso elimine los impactos que ocasionan en el medio ambiente. Disminuirá también la base del impuesto y, en consecuencia, los propios costos de producción, por ende, los impuestos ecológicos en estricto sentido son aquellos que incluyen en la configuración de su base el deber público de protección ambiental, velando con ello por el acceso y goce a que tienen derecho todos los ciudadanos (no sólo quienes realicen procesos productivos contaminantes) respecto de los bienes públicos ambientales, lo que se traduce en el acceso a un medio ambiente sano. En consecuencia, tales tributos no tienen fines meramente recaudatorios, porque el impacto positivo en el cuidado del medio ambiente está inserto en el propio diseño de la base y, mientras más eficaz sea el tributo, menos se recaudará hasta que se llegue a la neutralidad fiscal, esto es, que el impuesto no genere mayores cargas económicas porque ya no existan efectos ecológicos negativos externos que gravar o que sean tan reducidos que resulte más gravoso para la administración tributaria respectiva su recaudación.
Como vemos, nuestro máximo Tribunal en este criterio establece medularmente que los impuestos ecológicos o costo eficientes no buscan exclusivamente mayor recaudación, sino que su diseño de cálculo incluye un deber público de protección ambiental, ya que la base los mismos se encuentra estrechamente vinculada con la emisión de sustancias, extracción de materiales o cualquier elemento que genere o sea susceptible de generar un impacto ecológico negativo, lo cual busca generar un incentivo para mejorar los procesos productivos contaminantes, pues en la medida en que los productores inviertan en el desarrollo de tecnología que reduzca, minimice o incluso elimine los impactos que ocasionan en el medio ambiente, disminuirá también la base del impuesto, siendo que dichos impuestos ecológicos velan por el acceso y goce a que tienen derecho todos los ciudadanos, lo que significa el acceso a un medio ambiente sano, por lo que entonces concluye que tales tributos no tienen fines meramente recaudatorios, ya que el impacto positivo en el cuidado está contenido en el propio diseño de la base. Por ello, mientras más eficaz sea el tributo, menos se recaudará hasta que se llegue a la neutralidad fiscal, es decir, que el tributo no genere mayores cargas económicas porque ya no existan efectos ecológicos negativos externos que gravar o que sean tan reducidos que resulte más costoso para el gobierno su recaudación.
“En TLC Asociados desarrollamos un equipo multidisciplinario de expertos en auditorías y análisis de riesgos para asesorar y promover el cumplimiento en operaciones de comercio exterior”.
Para más información o comentarios sobre esta publicación contacte a:
División Legal
TLC Asociados S.C.
Prohibida la reproducción parcial o total. Todos los derechos reservados de TLC Asociados, S.C. El contenido del presente artículo no constituye una consulta particular y por lo tanto TLC Asociados, S.C., su equipo y su autor, no asumen responsabilidad alguna de la interpretación o aplicación que el lector o destinatario le pueda dar.
On October 23, 2020, the Second Chamber of the Supreme Court of Justice of the Nation published in the Judicial Weekly of the Federation the Constitutional Jurisprudence number 2a./J. 53/2020, which states: “ENVIRONMENTAL OR COST EFFICIENT TAXES. THEIR CALCULATION DESIGN INCLUDES A PUBLIC DUTY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION, SO THEIR PURPOSES ARE NOT MERELY TAX COLLECTION”.
Based on this standard, our highest court stated that several corporations filed an indirect constitutional appeal against the entry into force of the Tax Law of the State of Zacatecas, specifically precepts 8 to 34, which establish various environmental taxes (including the tax on the emission of gases into the atmosphere), arguing that such taxes are merely for tax collection purposes.
In this regard, the Second Chamber of the Supreme Court of Justice of the Nation determined its legal criterion by ruling that the ecological or cost efficient taxes, provided for in the challenged provisions, do not exclusively seek greater revenue, but rather their calculation design includes a public duty of environmental protection. Said criterion is justified in that the base of the ecological taxes is closely related to the emission of substances, the extraction of materials or with any element or circumstance that generates or is susceptible of causing a negative ecological impact, which, in addition to seeking the recognition of the costs originated by the negative externalities, seeks to generate an incentive to improve the polluting productive processes, since to the extent that the producers invest in the development of technology that reduces, minimizes or even eliminates the impacts they cause on the environment, the base of the ecological taxes will also decrease. The tax base will also decrease and, consequently, the production costs themselves, therefore, ecological taxes in the strict sense are those that include in the configuration of their base the public duty of environmental protection, thus ensuring the access and enjoyment to which all citizens (not only those who carry out polluting productive processes) have the right with respect to environmental public goods, which translates into the access to a healthy environment. Consequently, such taxes do not have merely collection purposes, because the positive impact on environmental care is inserted in the design of the base itself and, the more effective the tax is, the less it will be collected until fiscal neutrality is reached, that is, the tax does not generate greater economic burdens because there are no longer external negative ecological effects to be taxed or because they are so reduced that it is more burdensome for the respective tax administration to collect them.
As we can see, our highest Court in this criterion establishes that the ecological or cost efficient taxes do not exclusively seek greater collection, but their calculation design includes a public duty of environmental protection, since their base is closely linked to the emission of substances, extraction of materials or any element that generates or is susceptible to generate a negative ecological impact, which seeks to generate an incentive to improve the polluting productive processes. This is because to the extent that producers invest in the development of technology that reduces, minimizes or even eliminates the impacts they cause on the environment, the tax base will also decrease, being that such ecological taxes watch over the access and enjoyment to which all citizens have the right, which means access to a healthy environment, for which reason it is concluded that such taxes do not have merely collection purposes, since the positive impact on care is contained in the design of the base itself. Therefore, the more effective the tax is, the less will be collected until fiscal neutrality is reached, i.e., the tax does not generate greater economic burdens because there are no longer negative external ecological effects to be taxed or because they are so small that it is expensive for the government to collect them.
“In TLC Asociados, we develop a multidisciplinary team of experts in audits and risk analysis for consulting and ensuring compliance with foreign trade operations”.
For further information or comments regarding this article, please contact:
Legal Division
TLC Asociados S.C.