Las transferencias de mercancías u operaciones virtuales como se conocen en el argot aduanero, son consideradas como una facilidad administrativa que se utiliza con frecuencia por la industria nacional o empresas extranjeras, entre ellos las empresas IMMEX, para enajenar materias primas o activos fijos, de origen extranjero o nacional, teniendo por objeto emplearlos en los procesos de transformación, elaboración o reparación de bienes finales, para complementar el proceso de producción o de servicios, o bien, para realizar el retorno de dichos productos.

Este esquema trae consigo diversos beneficios, desde el punto de vista aduanero, fiscal y logísticos, por ejemplo: primero, otorga la posibilidad de enajenar mercancías que se encuentran bajo el régimen temporal lo cual está restringido por la Ley Aduanera; segundo, gozar del no pago del Impuesto al Valor Agregado por la enajenación de mercancías; y tercero, evitar gastos de transporte o maniobras, en su caso, por la exportación de las mercancías y su reimportación para su venta en territorio nacional, puesto que las mercancías no salen del territorio nacional.

En esta tesitura, el fundamento que sustenta la figura de las transferencias virtuales es el artículo 112, primer párrafo de la Ley Aduanera, el cual señala a la letra: “Las maquiladoras o las empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Economía, podrán transferir las mercancías que hubieran importado temporalmente, a otras maquiladoras o empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Economía, que vayan a llevar a cabo los procesos de transformación, elaboración o reparación, o realizar el retorno de dichas mercancías, siempre que tramiten un pedimento de exportación a nombre de la persona que realice la transferencia, en el que se efectúe la determinación y pago del impuesto general de importación correspondiente a las mercancías de procedencia extranjera conforme a su clasificación arancelaria, en los términos del artículo 56 de esta Ley, considerando el valor de las mercancías, al tipo de cambio vigente en la fecha en que se efectúe el pago, y conjuntamente se tramite un pedimento de importación temporal a nombre de la empresa que recibe las mercancías, cumpliendo con los requisitos que señale la Secretaría mediante reglas.”

Adicionalmente, el artículo 8 primer párrafo del Decreto IMMEX establece que: “Las empresas podrán transferir las mercancías importadas temporalmente al amparo de su Programa, a otras empresas con Programa o a empresas registradas para operar en su Programa, para llevar a cabo procesos de operación de submanufactura de exportación relacionados directa y exclusivamente con los fines precisados en el Programa autorizado, según la modalidad u operación de que se trate, siempre que cumplan con las disposiciones contenidas en el presente Decreto y las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior que establezca el SAT”.

En la praxis aduanera, es frecuente que por diversas razones las empresas IMMEX que realizan operaciones virtuales no cumplen estrictamente con las formalidades y el procedimiento establecido en la normatividad aduanera, por ejemplo, realizan la transferencia virtual de insumos sin solicitar la elaboración y presentación del pedimento virtual con clave “V1”, o bien, se realiza dicho procedimiento, pero de forma extemporánea, es decir, fuera de los plazos establecidos en las disposiciones generales.

Por lo anterior, uno de los planteamientos es conocer, si a pesar de no cumplir las formalidades y el procedimiento aduanero la autoridad aduanera derivado de las facultades de comprobación puede invalidar las operaciones virtuales al no cumplir con los requisitos que establece la regla 4.3.21, fracción II de las RGCE para 2022, rechazando cualquier otro medio de prueba ofrecida por los contribuyentes que acrediten que se llevó a cabo la transferencia virtual. En este sentido, el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito dio a conocer la interpretación en esta tesis aislada señalando lo siguiente:

PEDIMENTOS VIRTUALES. SU FALTA DE PRESENTACIÓN O PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA NO NECESARIAMENTE ES CONCLUYENTE DE QUE NO SE HUBIESE REALIZADO LA EXPORTACIÓN VIRTUAL O DE QUE SE HUBIESEN INCUMPLIDO OBLIGACIONES SUSTANTIVAS.

El artículo 112 de la Ley Aduanera (texto reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de diciembre de dos mil) establece, en conjunto con otras disposiciones aduaneras, un régimen aduanero específico para las maquiladoras o las empresas con programas de exportación autorizados, conforme al cual, podrán transferir las mercancías que hubieran importado temporalmente a otras maquiladoras o empresas con programas de exportación autorizados en el país que, a su vez, vayan a llevar a cabo los procesos de transformación, elaboración o reparación; de modo que, cumpliéndose ciertos requisitos y temporalidades, tales transferencias puedan ser consideradas, a modo de ficción jurídica, como retornadas al extranjero y fiscalmente como una exportación virtual, y no den lugar al tratamiento fiscal de una importación definitiva. Sin embargo, el hecho de que no se hayan presentado o se hayan presentado a destiempo tales pedimentos no impide, por ese solo hecho, que el contribuyente pueda probar que sí hubo una transferencia de la mercancía que califique como exportación virtual, pues si bien esa intelección podría sostenerse de la literalidad del precepto aludido, lo cierto es que no es admisible aplicarlo e interpretarlo de esa manera, pues tal lectura deja de tomar en consideración que presentar y tramitar pedimentos es una obligación de orden formal, que cumple fines de control y que, precisamente por esto último, el valor preponderante que en tal disposición se atribuye a la elaboración y presentación de tal documento, es porque éste resulta ser pieza instrumental que produce plena certeza, a modo de prueba, de que la operación mercantil que allí se da cuenta –que es la que se trata como exportación virtual–, ha efectivamente acontecido, que es lo fiscalmente importante, pues es eso lo que determina la realización o no del hecho imponible de los tributos conducentes, así como las demás consecuencias de derecho a que da pie tal acto de comercio. Así, si bien su debida tramitación permite tener por probada la exportación virtual de lo importado temporalmente (y así impedir que se considere importado definitivamente), su falta de tramitación o la extemporaneidad en la tramitación de la misma, no puede llevar a excluir la posibilidad de que el contribuyente pueda acreditar, con otros medios de prueba, que sí dio cumplimiento de manera oportuna a la obligación –ésta sí sustancial– de transferir dentro del plazo permitido la mercancía que importó temporalmente a otra empresa autorizada, para así probar que no actualizó el hecho imponible que da lugar a los tributos propios de una importación definitiva. Lo que actualiza el deber de pagar las contribuciones es la realización del hecho imponible, cuestión de facto sobre la cual el contribuyente tiene derecho a probar y le asiste el principio de contradicción. De modo que, desde la óptica probatoria, si bien la tramitación de tal pedimento establece la presunción legal y da plena certeza, de que se han cumplido las obligaciones formales y sustantivas de orden aduanal que ampara la operación mercantil, tal presunción legal no puede llevarse al extremo de desconocer, suprimir o descartar la posibilidad, que es derecho, de que el contribuyente eventualmente pueda ofrecer y acreditar, con otros elementos de prueba, que tal operación existió y que se consumó dentro del plazo legal.[1]

El artículo 112 de la Ley Aduanera (texto reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de diciembre de dos mil) establece, en conjunto con otras disposiciones aduaneras, un régimen aduanero específico para las maquiladoras o las empresas con programas de exportación autorizados, conforme al cual, podrán transferir las mercancías que hubieran importado temporalmente a otras maquiladoras o empresas con programas de exportación autorizados en el país que, a su vez, vayan a llevar a cabo los procesos de transformación, elaboración o reparación; de modo que, cumpliéndose ciertos requisitos y temporalidades, tales transferencias puedan ser consideradas, a modo de ficción jurídica, como retornadas al extranjero y fiscalmente como una exportación virtual, y no den lugar al tratamiento fiscal de una importación definitiva. Sin embargo, el hecho de que no se hayan presentado o se hayan presentado a destiempo tales pedimentos no impide, por ese solo hecho, que el contribuyente pueda probar que sí hubo una transferencia de la mercancía que califique como exportación virtual, pues si bien esa intelección podría sostenerse de la literalidad del precepto aludido, lo cierto es que no es admisible aplicarlo e interpretarlo de esa manera, pues tal lectura deja de tomar en consideración que presentar y tramitar pedimentos es una obligación de orden formal, que cumple fines de control y que, precisamente por esto último, el valor preponderante que en tal disposición se atribuye a la elaboración y presentación de tal documento, es porque éste resulta ser pieza instrumental que produce plena certeza, a modo de prueba, de que la operación mercantil que allí se da cuenta –que es la que se trata como exportación virtual–, ha efectivamente acontecido, que es lo fiscalmente importante, pues es eso lo que determina la realización o no del hecho imponible de los tributos conducentes, así como las demás consecuencias de derecho a que da pie tal acto de comercio. Así, si bien su debida tramitación permite tener por probada la exportación virtual de lo importado temporalmente (y así impedir que se considere importado definitivamente), su falta de tramitación o la extemporaneidad en la tramitación de la misma, no puede llevar a excluir la posibilidad de que el contribuyente pueda acreditar, con otros medios de prueba, que sí dio cumplimiento de manera oportuna a la obligación –ésta sí sustancial– de transferir dentro del plazo permitido la mercancía que importó temporalmente a otra empresa autorizada, para así probar que no actualizó el hecho imponible que da lugar a los tributos propios de una importación definitiva. Lo que actualiza el deber de pagar las contribuciones es la realización del hecho imponible, cuestión de facto sobre la cual el contribuyente tiene derecho a probar y le asiste el principio de contradicción. De modo que, desde la óptica probatoria, si bien la tramitación de tal pedimento establece la presunción legal y da plena certeza, de que se han cumplido las obligaciones formales y sustantivas de orden aduanal que ampara la operación mercantil, tal presunción legal no puede llevarse al extremo de desconocer, suprimir o descartar la posibilidad, que es derecho, de que el contribuyente eventualmente pueda ofrecer y acreditar, con otros elementos de prueba, que tal operación existió y que se consumó dentro del plazo legal.[1]

De la tesis anterior, se advierte que cuando no se cumplan las formalidades y procedimientos aduaneros para llevar a cabo las transferencias virtuales, o bien, se hayan efectuado de forma extemporánea. Desde la perspectiva probatoria, el contribuyente tiene el derecho de ofrecer y acreditar mediante otros medios de prueba que se llevó a cabo la transferencia virtual de las mercancías dentro del plazo legal de permanencia en territorio nacional.

Por otro lado, el incumplimiento de los procedimientos aduaneros podrá originar la comisión de infracciones y la aplicación de sanciones conforme a la normatividad de la materia aplicable. Con respecto al tema, el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito emitió la tesis aislada que señala a la letra lo siguiente:

PEDIMENTOS VIRTUALES. SU FALTA DE PRESENTACIÓN O PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA REPRESENTA EL INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FORMALES Y, EN ESA VIRTUD ES SUSCEPTIBLE DE DAR LUGAR A MULTAS Y DEMÁS SANCIONES ESTABLECIDAS EN LAS LEYES FISCALES.

El pedimento es una especie de declaración fiscal relativa al cumplimiento de obligaciones tributarias en materia de comercio exterior, por virtud del cual, el importador o exportador hace del conocimiento de la autoridad aduanera, en forma escrita, la mercancía a importar o exportar, su clasificación arancelaria, su valor comercial, los impuestos a pagar, y el régimen aduanero al que se destinarán; y la obligación de presentar declaraciones fiscales –como la relativa a la tramitación del pedimento en derecho aduanero– constituye una obligación de carácter formal, y tiene como finalidad, permitir a la autoridad fiscal una mejor vigilancia en el cumplimiento de la obligación sustantiva de pago, traduciéndose en una herramienta de control. Por ello, en tratándose de las llamadas exportaciones virtuales reguladas, entre otros, por el artículo 112 de la Ley Aduanera (texto reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de diciembre de dos mil) para las maquiladoras o las empresas con programas de exportación autorizados, el incumplimiento o cumplimiento extemporáneo de la obligación formal de tramitar los pedimentos puede dar lugar a las multas y sanciones correspondientes, pero no necesariamente justifica que se determinen las contribuciones que hubiesen sido aplicables, cual si las mercancías hubiesen sido importadas definitivamente, pues el deber de pagar éstas se actualiza con motivo de la realización de su respectivo hecho imponible, y no por el mero incumplimiento de obligaciones formales. En este sentido, debe considerarse que la realización del hecho imponible es una cuestión de facto sobre la cual, aun cuando la autoridad está facultada para presumirlo realizado, al contribuyente asiste también el derecho a probar en contrario. Así, en la hipótesis de que el contribuyente probase que no realizó el hecho imponible (transfirió en tiempo las mercancías a otra maquiladora o empresa autorizada), pero no cumplió con su obligación formal de presentar en tiempo y forma el pedimento de exportación virtual, tal conducta actualiza la posibilidad legal de la imposición de multas y demás sanciones legalmente establecidas para ello, lo que se justifica precisamente por el descontrol que implicó su actuación, mas no por ello la obligación de pagar contribuciones propias de una importación definitiva.[2]

En este precedente, se observa que al no efectuar la operación de transferencia virtual en los plazos establecidos mediante el pedimento aduanal da lugar a la comisión de una infracción, y por lo tanto, a la imposición de sanciones, sin considerar que se encuentra obligado a pagar las contribuciones aplicables al régimen aduanero definitivo de importación.

Recordemos, que la regla 4.3.21, fracción II de las RGCE para 2022, señala que la autoridad aduanera en el ejercicio de sus facultades de comprobación considerará válidas las transferencias realizadas por empresas con Programa IMMEX, siempre que hubieren cumplido con el procedimiento correspondiente, además de lo siguiente:

a) Las transferencias se encuentren registradas en el sistema control de inventarios (Anexo 24 RGCE 2022).

b) Cuenten con los elementos que comprueben:

1. La operación de transferencia, para lo cual se deberá exhibir el CFDI que reúna los requisitos que señale el CFF.
2. El traslado físico de las mercancías. Para ello podrán exhibirse entre otros, los pagos del medio de transporte utilizado, gastos en que se incurrió por el traslado, documentos de traslado, registros o controles de salida física de la mercancía del almacén de la empresa que transfiere o de sus submaquiladores o el documento en el que conste la entrega de las mercancías al destinatario.

En este supuesto, se identifica que el CFDI de traslado o documento de transporte es requerido de forma obligatoria en el traslado de mercancías, por lo tanto, es necesario contar con la documentación durante su transporte y en los expedientes de comercio exterior con el objetivo acreditar el traslado de las mercancías y de dar cabal cumplimiento a las obligaciones fiscales aduaneras y con ello evitar cualquier sanción administrativa o penal por desconocimiento de las operaciones por parte de las autoridades aduaneras.

3. El proceso de elaboración, transformación o reparación, efectuado antes de la transferencia.

En resumen, más allá de lo que establezcan, las tesis aisladas transcritas con antelación, es imprescindible conocer los procedimientos y obligaciones que deben observarse, coordinar y controlar las operaciones virtuales, tanto por la empresa que transfiere las mercancías, así como por quien las recibe, con la finalidad de dar cabal cumplimiento a los procedimientos aduaneros, puesto que existe la posibilidad de dejar la operación sin efectos legales, además de aplicar las infracciones y sanciones aduaneras que procedan de acuerdo con la legislación aduanera y fiscal.

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Transfers of goods or virtual operations, as they are known in customs jargon, are considered an administrative facility frequently used by domestic industry or foreign companies, including IMMEX companies, to dispose of raw materials or fixed assets, of foreign or domestic origin, with the purpose of using them in the transformation, manufacturing or repair processes of final goods, to complement the production or service process, or to return such products.

This scheme brings several benefits, from the customs, tax and logistical point of view, for example: first, it provides the possibility to transfer goods that are under the temporary regime, which is restricted by the Customs Law; second, to enjoy the non-payment of Value Added Tax on the transfer of goods; and third, to avoid transportation or maneuvering costs, if applicable, for the export of goods and their reimportation for sale in national territory, since the goods do not leave national territory.

In this regard, the basis for the concept of virtual transfers is Article 112, first paragraph of the Customs Law, which states the following: “The assembly plants or companies with export programs authorized by the Ministry of Economy may transfer the merchandise that they have temporarily imported to other assembly plants or companies with export programs authorized by the Ministry of Economy that are going to carry out the transformation, manufacturing or repair processes, or return such merchandise, as long as they process an export customs declaration in the name of the person making the transfer, in which the determination and payment of the general import tax corresponding to the goods of foreign origin is made in accordance with its tariff classification, under the terms of Article 56 of this Law, considering the value of the goods, at the exchange rate in effect on the date on which the payment is made, and jointly a temporary import customs declaration is processed in the name of the company that receives the goods, complying with the requirements indicated by the Ministry by means of rules.”

In addition, Article 8, first paragraph of the IMMEX Decree establishes that: “Companies may transfer the goods temporarily imported under their Program to other companies with a Program or to companies registered to operate under their Program, to carry out export sub-manufacturing operations directly and exclusively related to the purposes specified in the authorized Program, according to the modality or operation in question, provided that they comply with the provisions contained in this Decree and the General Foreign Trade Rules established by the SAT”.

In customs practice, it is common that for various reasons IMMEX companies that carry out virtual operations do not strictly comply with the formalities and procedures established in the customs regulations, for example, they carry out the virtual transfer of supplies without requesting the preparation and presentation of the virtual customs declaration with code “V1”, or they carry out this procedure, but in an untimely manner, in other words, outside the deadlines established in the general provisions.

Therefore, one of the questions is to know if, despite not complying with the formalities and the customs procedure, the customs authority, derived from the powers of verification, can invalidate the virtual operations by not complying with the requirements established in rule 4.3.21, section II of the General Foreign Trade Rules for 2022, rejecting any other means of proof offered by the taxpayers to prove that the virtual transfer was carried out. In this regard, the Eighteenth Collegiate Court in Administrative Matters of the First Circuit issued the interpretation in this isolated thesis stating the following:

VIRTUAL CUSTOMS DECLARATIONS. ITS LACK OF FILING OR UNTIMELY FILING IS NOT NECESSARILY CONCLUSIVE THAT THE VIRTUAL EXPORT HAS NOT BEEN CARRIED OUT OR THAT SUBSTANTIVE OBLIGATIONS HAVE NOT BEEN COMPLIED WITH.

Article 112 of the Customs Law (text amended by decree published in the Official Gazette of the Federation on December 31, 2000) establishes, together with other customs provisions, a specific customs regime for assembly plants or companies with authorized export programs, according to which they may transfer the goods they have temporarily imported to other assembly plants or companies with authorized export programs in the country that, in turn, will carry out the transformation, manufacturing or repair processes; In such a way that, by complying with certain requirements and time periods, such transfers may be considered, as a legal fiction, as returned abroad and fiscally as a virtual export, and not giving place to the tax treatment of a definitive import. However, the fact that such customs declarations have not been filed or have been filed untimely does not prevent, by that fact alone, the taxpayer from proving that there was a transfer of the merchandise that qualifies as virtual export, because although such an interpretation could be sustained from the literal wording of the aforementioned provision, the truth is that it is not admissible to apply and interpret it in that manner, since such reading fails to take into consideration that filing and processing customs declarations is a formal obligation, which fulfills control purposes and that, precisely for the latter reason, the predominant value attributed in such provision to the preparation and filing of such document is because it turns out to be an instrumental piece that produces full certainty, by way of proof, that the commercial operation reported therein -which is the one referred to as virtual export-, has actually taken place, which is fiscally important, since that is what determines the realization or not of the taxable event of the relevant taxes, as well as the other legal consequences to which such act of commerce gives rise. Thus, although its due processing allows the virtual export of the temporarily imported goods to be considered as proven (and thus prevent it from being considered as definitively imported), its lack of processing or the untimeliness in the processing of the same, cannot lead to exclude the possibility that the taxpayer can prove, with other means of proof, that the taxpayer did comply in a timely manner with the obligation –which is substantial– to transfer within the allowed term the merchandise that was temporarily imported to another authorized company, in order to prove that the taxable event that gives rise to the taxes of a definitive importation was not fulfilled. What determines the duty to pay the taxes is the execution of the taxable event, which is a de facto matter on which the taxpayer has the right to prove and is assisted by the principle of contradiction. Thus, from the evidentiary point of view, although the processing of such request establishes the legal presumption and gives full certainty that the formal and substantive customs obligations that cover the commercial operation have been complied with, such legal presumption cannot be allowed to the extreme of ignoring, suppressing or discarding the possibility, which is a right, that the taxpayer may eventually offer and prove, with other elements of proof, that such operation existed and that it was carried out within the legal term.[1]

Article 112 of the Customs Law (text amended by decree published in the Official Gazette of the Federation on December 31, 2000) establishes, together with other customs provisions, a specific customs regime for assembly plants or companies with authorized export programs, under which they may transfer the goods they have temporarily imported to other assembly plants or companies with authorized export programs in the country that, in turn, will carry out the transformation, manufacturing or repair processes; In such a way that, by complying with certain requirements and time periods, such transfers may be considered, as a legal fiction, as returned abroad and fiscally as a virtual export, without giving rise to the tax treatment of a definitive import. However, the fact that such customs declarations have not been filed or have been filed untimely does not prevent, by that fact alone, the taxpayer from proving that there was a transfer of the merchandise that qualifies as virtual export, because although such an interpretation could be sustained from the literal wording of the aforementioned provision, the truth is that it is not admissible to apply and interpret it in that manner, since such reading fails to take into consideration that filing and processing customs declarations is a formal obligation, which fulfills control purposes and that, precisely for the latter reason, the predominant value attributed in such provision to the preparation and filing of such document is because it is an instrumental piece that produces full certainty, by way of evidence, that the commercial operation reported therein –which is the one referred to as virtual export–, has actually taken place, which is fiscally important, since that is what determines the existence or not of the taxable event of the relevant taxes, as well as the other legal consequences to which such act of commerce gives rise. Thus, although its due processing allows the virtual export of the temporarily imported goods to be considered as proven (and thus prevent it from being considered as definitively imported), its lack of processing or the untimely processing of the same, cannot lead to exclude the possibility that the taxpayer can prove, with other means of evidence, that the taxpayer did comply in a timely manner with the obligation –which is substantial– to transfer the temporarily imported goods to another authorized company within the allowed term, in order to prove that the taxpayer did not comply with the taxable event that gives rise to the taxes of a definitive import. What determines the duty to pay the taxes is the execution of the taxable event, a de facto matter on which the taxpayer has the right to prove and is assisted by the principle of contradiction. Therefore, from the evidentiary point of view, although the processing of such request establishes the legal presumption and gives full certainty that the formal and substantive customs obligations that cover the commercial operation have been complied with, such legal presumption cannot be allowed to the extreme of ignoring, suppressing or discarding the possibility, which is a right, that the taxpayer may eventually offer and prove, with other elements of proof, that such operation existed and that it was carried out within the legal term.[1]

From the above thesis, it is noted that when the customs formalities and procedures to carry out the virtual transfers are not complied with, or when they have been carried out in an untimely manner. From the evidentiary perspective, the taxpayer has the right to offer and prove through other means of proof that the virtual transfer of the merchandise was carried out within the legal term of permanence in national territory.

On the other hand, noncompliance with customs procedures may result in the violation of customs regulations and the application of penalties in accordance with the applicable regulations. Regarding this matter, the Eighteenth Collegiate Court in Administrative Matters of the First Circuit issued the isolated thesis that states the following:

VIRTUAL CUSTOMS DECLARATIONS. ITS LACK OF FILING OR UNTIMELY FILING REPRESENTS NON-COMPLIANCE WITH FORMAL OBLIGATIONS AND, THEREFORE, IS SUBJECT TO FINES AND OTHER PENALTIES ESTABLISHED IN THE TAX LAWS.

The customs declaration is a type of tax declaration regarding compliance with tax obligations in foreign trade matters, by virtue of which the importer or exporter informs the customs authority, in written form, of the goods to be imported or exported, their tariff classification, their commercial value, the taxes to be paid, and the customs regime to which they will be destined; and the obligation to file tax returns –such as the one related to the processing of the customs declaration– is a formal obligation, and its purpose is to allow the tax authority to better monitor compliance with the substantive obligation of payment, thus becoming a control tool. Therefore, in the case of so-called virtual exports regulated, among others, by article 112 of the Customs Law (text amended by decree published in the Official Gazette of the Federation on December 31, 2000) for assembly plants or companies with authorized export programs, the non-compliance or late compliance with the formal obligation to process the customs declarations may result in the corresponding fines and penalties, but does not necessarily justify the assessment of taxes that would have been applicable, as if the goods had been imported definitively, since the duty to pay these is determined on the basis of the execution of their respective taxable event, and not due to the non-compliance with formal obligations. In this sense, it must be considered that the existence of the taxable event is a de facto matter on which, even though the authority is entitled to presume it to have occurred, the taxpayer also has the right to prove the contrary. Thus, in the hypothesis that the taxpayer proves that the taxable event did not occur (the goods were transferred in time to another assembly plant or authorized company), but did not comply with its formal obligation to file the virtual export customs declaration in a timely manner, such conduct would give rise to the legal possibility of imposing fines and other legally established sanctions, which is justified precisely because of the lack of control implied by its actions, but this does not justify the obligation to pay taxes for a definitive importation.[2]

In this precedent, it is observed that the failure to carry out the virtual transfer operation within the terms established in the customs declaration gives rise to a violation and, therefore, to the imposition of penalties, without considering that it is obligated to pay the taxes applicable to the definitive customs import regime.

We should remember that rule 4.3.21, section II of the General Foreign Trade Rules for 2022, states that the customs authority in the exercise of its verification powers will consider transfers made by companies with an IMMEX Program as valid, provided they have complied with the corresponding procedure, in addition to the following:

a) Transfers are registered in the inventory control system (Annex 24 General Foreign Trade Rules 2022).

b) They must have the elements to prove that:

1. The transfer operation, for which the Digital Tax Receipt via Internet (CFDI) that meets the requirements set forth in the Federal Tax Code must be presented.
2. The physical transfer of the goods. For this purpose, payments for the means of transportation used, expenses incurred for the transfer, transfer documents, records or controls of the physical exit of the goods from the warehouse of the transferring company or its sub-assemblers or the document showing the delivery of the goods to the consignee, among others, may be presented.

In this case, it is identified that the Digital Tax Receipt via Internet (CFDI) of transfer or transport document is required in a mandatory way in the transfer of goods, therefore, it is necessary to have the documentation during transport and in the foreign trade files in order to prove the transfer of goods and to fully comply with customs tax obligations and thus avoid any administrative or criminal penalty for ignorance of the operations by the customs authorities.

3. The process of manufacturing, transformation or repair, carried out prior to transfer.

In summary, beyond the provisions of the isolated theses previously transcribed, it is essential to know the procedures and obligations that must be observed, coordinate and control the virtual operations, both by the company that transfers the goods, as well as by whoever receives them, in order to fully comply with customs procedures, since there is the possibility of leaving the operation without legal effects, in addition to applying the customs violations and penalties that apply in accordance with the customs and tax legislation.

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