Banco Mundial: Inclusión de personas con discapacidad
La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad incluye en este grupo “a todas aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”. Por tanto, la exclusión de las personas con discapacidad resulta de un conjunto de barreras ambientales y sociales que obstruyen su plena participación.
De acuerdo con el reporte del Banco Mundial sobre la importancia de la inclusión de las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe, este sector enfrenta barreras físicas, legales y sociales existentes, por lo que la región debe seguir trabajando en políticas que busquen la inclusión de las personas con discapacidad a fin de construir un futuro más próspero y resiliente.
Señala que la exclusión de las personas con discapacidad es insostenible, aunado a que conlleva pérdidas importantes de capital humano para la región. El 15% de los jóvenes con discapacidad no van a la escuela, y 1 de cada 2 jefes de hogar con discapacidad no participan en el mercado laboral, limitando las oportunidades presentes y futuras de estas familias.
Esta falta de participación en el mercado laboral tiene un mayor impacto en las mujeres con discapacidad, en donde el 57% de ellas están inactivas, en comparación con el 40% de sus pares masculinos con discapacidad. El documento establece que esto se debe a la existencia de obstáculos en la búsqueda de trabajo y en la contratación que evitan que muchos individuos absolutamente competentes se incorporen a la fuerza de trabajo.
Indica, el reporte, que hay una relación directa entre la discapacidad y la pobreza. En uno de cada cinco hogares en situación de pobreza extrema en la región vive una persona con discapacidad, y cerca de 7 de cada 10 hogares con personas con discapacidad son vulnerables a caer en la pobreza en situaciones de crisis.
La pobreza, la falta de acceso a educación y oportunidades laborales, la informalidad, la falta de reconocimiento de la capacidad jurídica y la discriminación son realidades con las que las personas con discapacidad conviven todos los días. Esta vulnerabilidad aumenta en algunos grupos como las mujeres, la población rural, los pueblos indígenas y los afrodescendientes.
Por ejemplo, en Brasil, Costa Rica, Ecuador, México y Uruguay, las personas con discapacidad tienen una media de 24% menos de probabilidades de completar la educación primaria, el cual aumenta a un 30% menos si además pertenecen a una minoría etnoracial, señala el Banco Mundial.
En México y en Costa Rica un trabajador con discapacidad gana en promedio $0.8 de cada dólar que recibe un trabajador sin discapacidad. Observa el informe que las personas con discapacidad ganan entre 6 y 11% menos por el mismo tipo de empleo que otros trabajadores en la región. Las condiciones son más nocivas para este grupo, en donde el trabajo en la informalidad es en promedio 11% más alta que entre personas sin discapacidad.
Un trabajo informal implica la exclusión de los sistemas de seguridad social, esquemas de retiro y servicios de salud a través del empleo. Los lugares de trabajo informales también son menos propensos a ofrecer ajustes razonables o dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo, lo cual aumenta el riesgo de sufrir accidentes laborales, establece el documento.
Debido al envejecimiento poblacional y a que las discapacidades se acumulan con la edad, el número de personas con discapacidad aumentará en el futuro. Se espera que el número de personas de 60 años o más aumente de 59 millones a 196 millones para el año 2050, lo que vuelve imprescindible avanzar en políticas inclusivas. No hacerlo, indica el informe, pone en riesgo la sustentabilidad de largo plazo de la recuperación post pandemia.
El reporte enfatiza la importancia de diseñar políticas que contemplen las condiciones específicas de cada país y cada situación. Para ello, se requieren mejores datos, objetivos claros y medibles, afrontar y eliminar los estereotipos, y empoderar a las organizaciones de personas con discapacidad.
Además de tener objetivos claros y medibles, las políticas de inclusión de la discapacidad deben tener presupuestos asignados y responsabilidades institucionales claras. Señala que en 20 países de la región se han creado comisiones nacionales especializadas, con un mandato multisectorial y de coordinación, sin embargo, la escasez de personal, la insuficiencia de recursos y el poder limitado dentro del gobierno a menudo disminuyen su capacidad de encabezar compromisos transectoriales que produzcan cambios significativos.
Fortalecer la voz y el reconocimiento de las personas con discapacidad es otra de las directrices que indica el reporte. Haciendo énfasis en que alrededor de 18 países en América Latina y el Caribe tienen criterios que niegan el derecho a postularse a elecciones por razones de discapacidad.
Concluye que las persona con discapacidad deben poder participar plenamente de la vida pública, sin sufrir discriminación alguna ni marginación en escuelas o lugares de trabajo. Además, deben poder acumular el capital humano necesario para ser incluidos y tener dignidad y oportunidades en la vida y contribuir a la reconstrucción de sus países.
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en México hay 6,179,890 personas con algún tipo de discapacidad, lo que representa 4.9% de la población total del país. De ellas, 53% son mujeres y 47% son hombres.
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The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities includes in this group “all those who have long-term physical, mental, intellectual or sensory impairments which in interaction with various barriers may hinder their full and effective participation in society on an equal basis with others”. Therefore, the exclusion of persons with disabilities is the result of a set of environmental and social barriers that obstruct their full participation.
According to the World Bank report on the importance of inclusion of persons with disabilities in Latin America and the Caribbean, this sector faces existing physical, legal and social barriers, so the region must continue to work on policies that seek the inclusion of persons with disabilities in order to build a more prosperous and resilient future.
It points out that the exclusion of people with disabilities is unsustainable, in addition to the fact that it involves significant losses of human capital for the region. 15% of young people with disabilities do not attend school, and 1 in 2 heads of household with disabilities do not participate in the labor market, limiting the present and future opportunities of these families.
This lack of labor market participation has a greater impact on women with disabilities, where 57% of them are inactive, compared to 40% of their male counterparts with disabilities. The document states that this is due to the existence of barriers in job search and hiring that prevent many fully competent individuals from entering the labor force.
The report indicates that there is a direct relationship between disability and poverty. One in five extremely poor households in the region has a person with a disability, and nearly 7 out of 10 households with persons with disabilities are vulnerable to falling into poverty in crisis situations.
Poverty, lack of access to education and job opportunities, informality, lack of recognition of legal capacity and discrimination are realities that people with disabilities live with every day. This vulnerability increases in some groups such as women, the rural population, indigenous peoples and Afro-descendants.
For example, in Brazil, Costa Rica, Ecuador, Mexico and Uruguay, people with disabilities are on average 24% less likely to complete primary education, which increases to 30% less if they also belong to an ethnic minority, according to the World Bank.
In Mexico and Costa Rica, a worker with a disability earns on average $0.8 of every dollar received by a worker without a disability. The report notes that people with disabilities earn between 6 and 11% less for the same type of employment than other workers in the region. Conditions are more harmful for this group, where informal work is on average 11% higher than among people without disabilities.
Informal work implies exclusion from social security systems, retirement schemes and health services through employment. Informal workplaces are also less likely to offer reasonable accommodation or technical devices and assistive technologies, which increases the risk of occupational accidents, according to the document.
Due to population aging and the accumulation of disabilities with age, the number of people with disabilities will increase in the future. The number of people aged 60 and over is expected to increase from 59 million to 196 million by 2050, making it imperative to progress on inclusive policies. Failure to do so, suggests the report, puts the long-term sustainability of post-pandemic recovery at risk.
The report emphasizes the importance of designing policies that take into account the specific conditions of each country and each situation. This requires better data, clear and measurable objectives, addressing and eliminating stereotypes, and empowering organizations of people with disabilities.
In addition to having clear and measurable objectives, disability inclusion policies must have allocated budgets and clear institutional responsibilities. It indicates that specialized national commissions have been created in 20 countries in the region, with a multisectoral and coordinating role; however, staff shortages, insufficient resources and limited power within government often reduce their ability to lead cross-sectoral commitments that result in meaningful changes.
Strengthening the voice and recognition of persons with disabilities is one of the other guidelines indicated in the report. Emphasizing that about 18 countries in Latin America and the Caribbean have criteria that deny the right to run for election on the basis of disability.
It concludes that people with disabilities should be able to participate fully in public life, without suffering any discrimination or marginalization in schools or workplaces. In addition, they should be able to accumulate the human capital necessary to be included and to have dignity and opportunities in life and contribute to the reconstruction of their countries.
According to the 2020 Population and Housing Census, there are 6,179,890 people with some type of disability in Mexico, which represents 4.9% of the country’s total population. Among them, 53% are women and 47% are men.
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