El pasado 9 de abril de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió su Declaración número 1/20 “COVID-19 Y DERECHOS HUMANOS: LOS PROBLEMAS Y DESAFIOS DEBEN SER ABORDADOS CON PERSPECTIVA DE DERECHOS HUMANOS Y RESPETANDO LAS OBLIGACIONES INTERNACIONALES”.

Recordemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el órgano encargado de protección a los Derechos Humanos de las personas, y en este caso —consciente de los desafíos y problemas que en este momento enfrentan, tanto los Estados americanos, la sociedad y cada persona y familia como consecuencia de la pandemia global causada por el Coronavirus COVID-19— emite dicha declaración con el fin de llamar a que la adopción e implementación de medidas dentro de la estrategia y esfuerzos que los Estados parte de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos están realizando para abordar y mitigar esta situación que pertenece a la vida y la salud pública, se realicen en el marco del Estado de Derecho, con respeto a los instrumentos interamericanos de protección de los derechos humanos y los estándares desarrollados en la Jurisprudencia del Tribunal.

Por ello, los puntos a atender son los siguientes:

• Los problemas y desafíos extraordinarios ocasionados por la pandemia deben ser abordados a través del diálogo y la cooperación internacional y regional conjunta, solidaria y transparente entre todos los estados, siendo esencial el multilateralismo para coordinar los esfuerzos regionales para contener la pandemia.
• Los organismos multilaterales deben ayudar y cooperar de manera conjunta con los Estados desde un enfoque de derechos humanos para buscar soluciones a los problemas presentes y futuros que está ocasionando y ocasionara la pandemia.
• Todas las medidas que los Estados adopten para hacer frente a la pandemia y puedan afectar o restringir el goce y ejercicio de derechos humanos deben ser limitadas temporalmente, legales, razonable, estrictamente necesarias y proporcionales y acordes a los demás requisitos desarrollados en el derecho interamericano de los derechos humanos.
• Debe cuidarse que el uso de la fuerza para implementar las medidas de contención por parte de los funcionarios encargados del cumplimiento de la ley se ajuste a los principios de absoluta necesidad, proporcionalidad y precaución, de acuerdo a la Jurisprudencia de la Corte Interamericana.
• Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales deben ser garantizados sin discriminación a ninguna persona bajo la jurisdicción del Estado, en especial a los grupos que son afectados de forma desproporcionada al encontrarse en situación de mayor vulnerabilidad, como son las personas mayores, niñas y niños, discapacitados, migrantes, refugiados, personas privadas de su libertad, personas LGBTI, mujeres embarazadas, comunidades indígenas, personas que viven del trabajo informal, en situación de calle, de pobreza y el personal de salud que atiende la emergencia, entre otros.
• Se debe garantizar de manera oportuna y apropiada los derechos a la vida y a la salud de todas las personas bajo la jurisdicción del Estado sin discriminación alguna, incluyendo adultos mayores, migrantes, refugiados, miembros de comunidades indígenas, entre otros.
• El derecho a la salud debe garantizarse respetando la dignidad humana y observando principios fundamentales de la bioética, estándares interamericanos de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad, adecuados a las circunstancias generadas por la pandemia. Por esta razón, el personal de salud debe ser provisto de insumos, equipos, materiales e instrumentos que protejan su integridad vida y salud, que les permita desempeñar su labor con seguridad y calidad razonable.
• En relación a las medidas de aislamiento social, y que pueden redundar en el aumento de la violencia contra mujeres y niñas en sus hogares, es deber del Estado garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, adoptándose las medidas necesarias para prevenir casos de violencia de género y sexual, disponiendo de mecanismos seguros de denuncia y atención a víctimas.
• Respecto a las personas privadas de su libertad en prisiones y otros centros de detención, y en atención al alto impacto que puede tener el COVID-19 sobre dicho sector, se torna necesario reducir los niveles de sobrepoblación y hacinamiento, disponiendo de forma ordenada y racional de medidas alternativas a la privación de la libertad de las personas.
• Se debe velar por la preservación de las fuentes de trabajo, respetándose así los derechos laborales de todos los trabajadores y trabajadoras, adoptando e impulsando medidas para mitigar el posible impacto sobre las fuentes de trabajo e ingresos de los trabajadores, asegurando el ingreso necesario para su subsistencia en condiciones de dignidad humana. Asimismo, debido al aislamiento social y el impacto que ello causa en la economía personal y familiar, se deben procurar mecanismos de provisión básica de alimentos y medicamentos a quienes no pueden ejercer sus actividades normales y a quienes estén en situación de calle.
• Es esencial el acceso a la información veraz y fiable, así como al internet, por lo que debe disponerse de medidas adecuadas para que el uso de tecnología de vigilancia para monitorear la propagación del COVID-19 sea limitado y proporcional a las necesidades sanitarias, y no implique una injerencia lesiva y desmedida a la privacidad, protección de datos personales y no discriminación.
• Es indispensable que se garantice el acceso a la justicia y a los mecanismos de denuncia y se proteja la actividad de los periodistas y los defensores de derechos humanos, a fin de monitorear aquellas medidas que se adopten y conlleven afectación o restricción de derechos humanos, con el objeto de avaluar su conformidad con los instrumentos interamericanos.
• Resulta pertinente poner alerta a los órganos competentes para combatir la xenofobia, racismo y cualquier otra forma de discriminación, extremando cuidado para que durante la pandemia, nadie promueva brotes de esta naturaleza con noticias falsas o incitaciones a la violencia.

Así pues, como observamos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emite su declaratoria con el fin de que las acciones para contener y mitigar la pandemia a causa del COVID-19 sean llevadas a cabo de conformidad con los Derechos Humanos de las personas. Entre ellos, se encuentran los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, evitando la discriminación, y dando más protección a ciertos grupos vulnerables como personas mayores, mujeres embarazadas, niños, migrantes, situación de pobreza, comunidades indígenas, personas privadas de la libertad y personal de salud, entre otros, velando por la economía familiar producto del aislamiento social y garantizando el acceso a la información veraz y la justicia.

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On April 9, 2020, the Inter-American Court of Human Rights issued its Declaration number 1/20 “COVID-19 AND HUMAN RIGHTS: PROBLEMS AND CHALLENGES MUST BE ADDRESSED FROM A HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE AND RESPECTING INTERNATIONAL OBLIGATIONS”.

The Inter-American Court of Human Rights is the body in charge of protecting the human rights of individuals, and in this case — being conscious of the challenges and problems that American States are currently facing, society and each person and family as a consequence of the global pandemic caused by the Coronavirus COVID-19 — it issued this declaration in order to call for the adoption and implementation of measures within the strategy and efforts that the States Parties to the American Convention on Human Rights are making to address and mitigate this situation that pertains to life and public health, to be carried out within the framework of the rule of law, with respect for the inter-American instruments for the protection of human rights and the standards developed in the Court’s jurisprudence.

Therefore, the points to be addressed are:

• The extraordinary problems and challenges caused by the pandemic must be addressed through dialogue and joint, supportive and transparent international and regional cooperation among all States, with multilateralism being essential to coordinate regional efforts to contain the pandemic.
• Multilateral agencies must help and cooperate with States from a human rights approach to seek solutions to the present and future problems that the pandemic is causing and will cause.
• All measures adopted by States to address the pandemic that may affect or restrict the enjoyment and exercise of human rights should be limited in time, lawful, reasonable, strictly necessary and proportional, and consistent with other requirements developed in inter-American human rights law.
• The use of force to implement containment measures by law enforcement officials must be consistent with the principles of absolute necessity, proportionality, and precaution, according to the jurisprudence of the Inter-American Court.
• Economic, social, cultural and environmental rights must be guaranteed without discrimination to any person under the jurisdiction of the State, especially to groups that are disproportionately affected by being in a situation of greater vulnerability, such as the elderly, children, the disabled, migrants, refugees, people deprived of their liberty, LGBTI people, pregnant women, indigenous communities, people living on informal labor, the street, people living in poverty and health personnel attending to emergencies, among others.
• The rights to life and health of all persons under the jurisdiction of the State should be guaranteed in a timely and appropriate manner without discrimination, including older adults, migrants, refugees, members of indigenous communities, among others.
• The right to health must be guaranteed with respect for human dignity and observance of fundamental principles of bioethics, inter-American standards of availability, accessibility, acceptability and quality, appropriate to the circumstances generated by the pandemic. For this reason, health personnel must be provided with supplies, equipment, materials and instruments that protect their life and health, allowing them to carry out their work with safety and reasonable quality.
• With regard to measures of social isolation, which can lead to an increase in violence against women and girls in their homes, it is the duty of the State to guarantee the right of women to live a life free of violence, by adopting the necessary measures to prevent cases of gender and sexual violence, and by having safe mechanisms for reporting and caring for victims.
• With regard to persons deprived of their liberty in prisons and other detention centers, and in view of the high impact that COVID-19 may have on this sector, it is necessary to reduce levels of overcrowding and overpopulation by providing for alternative measures to the deprivation of liberty in an orderly and rational manner.
• The preservation of sources of work must be ensured, thus respecting the labor rights of all workers, adopting and promoting measures to mitigate the possible impact on workers’ sources of work and income, ensuring the necessary income for their subsistence under conditions of human dignity. Likewise, due to the social isolation and the impact that this causes on the personal and family economy, mechanisms should be sought for the basic provision of food and medicine to those who cannot carry out their normal activities and to those who are on the streets.
• Access to accurate and reliable information, as well as to the Internet, is essential, and adequate measures must be in place to ensure that the use of surveillance technology to monitor the spread of COVID-19 is limited and proportionate to health needs, and does not involve harmful and excessive interference with privacy, personal data protection and non-discrimination.
• It is essential to guarantee access to justice and complaint mechanisms and to protect the activity of journalists and human rights defenders, in order to monitor any measures adopted that affect or restrict human rights, with the aim of assessing their compliance with inter-American instruments.
• It is appropriate to alert the competent bodies to combat xenophobia, racism and any other form of discrimination, taking extreme care to ensure that during the pandemic, no one promotes outbreaks of this nature with false news or incitement to violence.

Consequently, as we have observed, the Inter-American Court of Human Rights has issued its declaration to the effect that actions to contain and mitigate the pandemic caused by COVID-19 must be carried out in accordance with the human rights of individuals. Among them are economic, social, cultural and environmental rights, avoiding discrimination, and giving more protection to certain vulnerable groups such as the elderly, pregnant women, children, migrants, the poor, indigenous communities, persons deprived of their liberty and health personnel, among others, ensuring the family economy resulting from social isolation and guaranteeing access to truthful information and justice.

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