Recientemente, el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa publicó en la Revista No. 37, Octava Época, Año IV, p. 49, la tesis número VIII-P-SS-368, de rubro “JUICIO DE LESIVIDAD. SUPUESTO EN QUE EL ACTA FINAL DE LA VISITA DOMICILIARIA CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA FAVORABLE, PARA EFECTO DE SU IMPUGNACIÓN POR PARTE DE LA AUTORIDAD”. Ésta señala que, en principio, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa exige para la procedencia del juicio de lesividad que la resolución administrativa favorable sea considerada como definitiva. Esto se actualiza cuando el acto administrativo define la situación jurídica del gobernado o da certeza jurídica a este último sobre el resultado definitivo de la actuación de la autoridad en un procedimiento administrativo.

Si bien en diversa Jurisprudencia 2a./J. 16/96, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que, tratándose del procedimiento de visita domiciliaria que se regula por los artículos 42, fracción III y 46 del Código Fiscal de la Federación, el acta final, que al efecto levanten los visitadores, no constituye una resolución definitiva para efectos de su impugnación en el juicio contencioso administrativo, sino que solo puede servir de motivación a la resolución definitiva que emita la autoridad liquidadora, la cual no está obligada a realizar su determinación en los mismos términos en que lo hicieron los visitadores.

Sin embargo, el criterio se refiere al juicio contencioso administrativo instado por el particular, por lo que no resulta exactamente aplicable tratándose del juicio de lesividad, ya que éste se promueve por la autoridad que acude a la instancia jurisdiccional para efecto de que se anule un acto administrativo que produce una lesión jurídica al interés público. Consecuentemente, cuando una acta final levantada al amparo de una visita domiciliaria en materia fiscal indique que los visitadores no se limitaron a analizar la documentación comprobatoria aportada durante la visita, levantando el acta circunstanciada correspondiente, sino que valoraron el alcance de dichos documentos y con base en ello determinaron la inexistencia de irregularidad alguna, adjudicándose facultades que correspondían únicamente a la autoridad liquidadora, lo cual sirve como antecedente para tener por terminada, de manera anticipada, la visita domiciliaria sin que se hubiere emitido una resolución determinante; entonces, dicha acta no se trata de un acto de carácter instrumental, ya que en ese momento se determinó la situación fiscal de la contribuyente visitada y se le dio certeza jurídica sobre el resultado de su visita, en el sentido de que no existía irregularidad alguna. Dicha acta contiene el producto final de la voluntad de la autoridad administrativa y puede ser considerada una resolución definitiva, una interpretación contraria permitiría que la legalidad de este tipo de actos administrativos no estuviera sujeta a control jurisdiccional, pese a que definen una situación jurídica favorable al contribuyente, lo que redundaría en perjuicio del interés colectivo.

Es decir, dicho criterio claramente define que, tratándose de la impugnación de un acta final de visita domiciliaria, las reglas son distintas según se trate de la interposición del juicio contencioso administrativo por parte del particular o de la autoridad. Mientras que para el primero, dicho acto carecería de definitividad y solo podría servir de motivación a la resolución definitiva que emita la autoridad liquidadora, por lo que hace a la autoridad que acude al juicio de lesividad anular un acto administrativo que produce una lesión jurídica al interés público. Dicho acto podría constituir una resolución definitiva para efectos de la procedencia de dicho juicio, cuando en un acta final levantada al amparo de una visita domiciliaria se desprende que los visitadores no se limitaron a analizar la documentación comprobatoria aportada durante la visita, sino que valoraron el alcance de dichos documentos y con base en ello determinaron la inexistencia de irregularidad alguna, adjudicándose facultades que correspondían únicamente a la autoridad liquidadora, lo cual sirvió como antecedente para tener por terminada, de manera anticipada, la visita domiciliaria sin que se hubiere emitido una resolución determinante, entonces dicha acta no se trataría de un acto de carácter instrumental, porque en ese momento se determinó la situación fiscal de la contribuyente visitada y se le dio certeza jurídica sobre el resultado de su visita, en el sentido de que no existía irregularidad alguna, de ahí que dicha acta contiene la voluntad de la autoridad administrativa y puede ser considerada una resolución definitiva.

Entonces, conforme a dicho criterio del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el acta de final de una visita domiciliaria puede considerarse somo una resolución definitiva o no, dependiendo quien accione el juicio contencioso. Como vimos, mientras que para el particular sería un acto no definitivo, pues no es la última voluntad de la autoridad fiscalizadora, sino que debe por ley emitir una resolución liquidatoria con base en dicha acta, para la autoridad sí se considera una resolución definitiva que podría combatir mediante el juicio de lesividad, en el caso de que lesione al interés fiscal, pues en ella se plasma la decisión de los auditores (y no de la autoridad en sí) en el sentido de que no existieron irregularidades a cargo del visitado, constituyendo un acto que es sujeto de control jurisdiccional.

Lo anterior, no obstante la Jurisprudencia 2a./J. 16/96 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, abril de 1996, de rubro: “VISITA DOMICILIARIA, EL ACTA FINAL O EL DOCUMENTO EN EL QUE LOS VISITADORES DETERMINAN LAS PROBABLES CONSECUENCIAS LEGALES DE LOS HECHOS U OMISIONES QUE HUBIEREN CONOCIDO DURANTE EL TRANSCURSO DE AQUELLA, NO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN FISCAL DEFINITIVA Y EN SU CONTRA NO PROCEDE JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN”. Como ya se mencionó, este criterio solo es aplicable tratándose del juicio contencioso administrativo accionado por el particular, lo cual no es aplicable para el juicio de lesividad que la autoridad fiscalizadora o quien se encargue de su defensa jurídica interponga cuando considere que dicha acta final, en la que se contiene una situación jurídica favorable al contribuyente, redunda en perjuicio del interés colectivo.

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Recently, the Full House of the Upper Chamber of the Federal Court of Administrative Justice published in their Journal Number 37, Eight Term, Year IV, p. 49, thesis number VIII-P-SS368, named “INJURY TRIAL IN THE EVENT THAT THE FINAL REPORT OF THE HOME VISIT CONSTITUTES A FAVORABLE FINAL DECISION, FOR THE PURPOSE OF ITS BEING CHALLENGED BY THE AUTHORITY”. It indicates that, from the beginning, the Organic Law from the Federal Court of Administrative Justice demands for the origin of the detrimental trial for the favorable administrative resolution to be considered as definitive. This is updated when the administrative report defines the legal situation of the governed or provides legal certainty to the last one regarding the definite result from the actions of the authority in an administrative process.

In case law 2a./J. 16/96, the Second Chamber of the National Supreme Court of Justice determined that with procedures of tax home visits regulated by articles 42, section III and 46 from the Federal Tax Code, the final report, issued by those who carry out the visit, does not represent a definitive resolution for purposes of its challenge in the contentious-administrative trial, but can only serve as a motivation for the final resolution issued by the liquidating authority, which is not obliged to make its determination in the same terms as the visitors.

However, the criterion refers to the contentious-administrative trial initiated by the individual, so it is not exactly applicable in the case of the detrimental trial. This is promoted by the authority that goes to the jurisdictional body in order to have an administrative report that produces a legal injury to the public interest annulled.

Consequently, a final report issued as a result from a home visit on tax matters indicates that the visitors did not limit themselves to analyze the documents of evidence provided during the visit; they issued the corresponding detailed report, but they also evaluated the scope of said documents and based on this, they determined that there were no irregularities of any kind, granting themselves the authority granted only to the liquidating authority, which serves as a precedent to terminate, in advance, the home visit without having issued a determining resolution; then, such report is not merely instrumental, since at that time, the tax situation of the visited taxpayer was determined and he was given legal certainty on the result of his visit, meaning that there was no irregularity. This report contains the final product of the will of the administrative authority and can be considered a final decision. A contrary interpretation would allow the legality of this type of administrative report not to be subject to judicial review, even though it defines a legal situation favorable to the taxpayer, which would be detrimental to the collective interest

In other words, this approach clearly defines that, in the case of a challenge to a final report of home visit, the rules are different depending on whether the individual or the authority is bringing the contentious-administrative action. While for the latter, such report would not be definitive and could only serve as a reason for the final decision issued by the liquidating authority, and therefore makes the authority that goes to the detrimental trial void an administrative report that produces a legal injury to the public interest. A final resolution could be issued for the purposes of such a trial, when in a final report drawn up under the protection of a home visit, it is clear that the visitors did not limit themselves to analyzing the documentation provided during the visit, but also assessed the scope of such documents and, based on this, determined that there were no irregularities whatsoever, granting themselves powers that corresponded solely to the liquidating authority, which served as a precedent for its termination, in advance, the domiciliary visit without a determining resolution, then such report would not be an instrumental one, because at that moment the fiscal situation of the visited taxpayer was determined and he was given legal certainty on the result of his visit, in the sense that no irregularity existed; therefore, such report contains the will of the administrative authority and can be considered a definitive resolution.

According to the Federal Court of Administrative Justice’s decision, the final report of a home visit can be considered a final resolution or not, depending on who is acting in the contentious process. As we have seen, while for the individual it would not be a definitive report, since it is not the last will of the auditing authority, but rather it must by law emit a liquidation resolution based on said report, for the authority it is considered a definitive resolution that could be fought by means of a detrimental trial, in the case that it harms the fiscal interest, since in it is expressed the decision of the auditors (and not of the authority itself) in the sense that there were no irregularities in charge of the visited party, constituting an report that is subject to jurisdictional control.

Notwithstanding the above, Case Law 2a./J. 16/96 issued by the Second Chamber of the National Supreme Court of Justice, published in the Federal Judicial Newsletter and its Journal, volume III, April 1996, under the heading “HOME VISIT, THE FINAL REPORT OR THE DOCUMENT IN WHICH THE VISITORS DETERMINE THE PROBABLE LEGAL CONSEQUENCES OF THE FACTS OR OMISSIONS THAT THEY KNEW ABOUT DURING THE VISIT, DOES NOT CONSTITUTE A FINAL FISCAL RESOLUTION AND AGAINST IT THERE IS NO NULLITY TRIAL BEFORE THE FEDERAL FISCAL COURT”; as already mentioned, this standard is only applicable to the contentious-administrative trial initiated by the individual, which is not applicable to the detrimental trial that the fiscal authority or the person in charge of its legal defense files when it considers that such final report, which contains a legal situation favorable to the taxpayer, is detrimental to the collective interest.

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