180 – Ilegalidad no invalidante / Non invalidating Illegality
Ciudad de México, enero 3 de 2018.
La Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, emitió la Tesis número (VIII-P-2aS-69), cuyo rubro es: “ILEGALIDAD NO INVALIDANTE.- CASO EN EL CUAL SE CONFIGURA RESPECTO AL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 63 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN”, criterio que dispone que, de conformidad con el artículo 51, fracción III y segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la actualización de un vicio de procedimiento está condicionada a que afecte las defensas del particular y trascienda al sentido de la resolución impugnada, por lo que si no reúne esos dos elementos, entonces, se está en presencia de una ilegalidad no invalidante; en este contexto, el segundo párrafo del referido artículo 63 dispone que si durante la fiscalización, a la autoridad le son proporcionados expedientes o documentos relacionados con el contribuyente, entonces, deberán concederle el plazo de quince días para que formule las manifestaciones a que haya lugar, sin embargo, se estará en presencia de una ilegalidad no invalidante, si la autoridad omite cumplir con dicho precepto legal, pero le da a conocer, en término de la fracción IV del artículo 46 del Código Fiscal de la Federación, los expedientes o documentos en la última acta parcial, ello en atención de que en esa fase de la fiscalización el contribuyente puede realizar las manifestaciones correspondientes y aportar medios de prueba para controvertirlos, de ahí que no tendría ningún efecto reponer la fiscalización para que se otorgue el plazo de quince días aludidos en el citado artículo 63, si el derecho al debido proceso del contribuyente se respetó en la fase entre la última acta parcial y el acta final.
Es decir, dicho criterio viene a establecer el hecho de que por una parte el artículo 63, segundo párrafo del Código Federal Tributario, da derecho al contribuyente durante la visita, a que le sean dados a conocer documentos o expedientes relacionados con él y que le hayan sido proporcionados a la autoridad actuante, a fin de que pueda hacer manifestaciones, por lo que si la autoridad es omisa en otorgar ese derecho, estaríamos ante un vicio de procedimiento que generaría una nulidad parcial del acto, sin embargo si la autoridad a la vez le da a conocer al gobernado los expedientes o documentos de la última acta parcial, en términos de la fracción IV del artículo 46 del Código, entonces estaríamos ante una ILEGALIDAD NO INVALIDANTE, pues en la especie la autoridad habría suplido una omisión con el otorgamiento de otro derecho, que finalmente llevaron a un mismo fin, esto es, a desvirtuar o aportar elementos de defensa a la actuación de la fiscalizadora, es decir, se había respetado de cualquier manera el derecho al debido proceso del gobernado, pues además, no tendría ningún efecto la reposición de la visita para que se le otorgara el derecho negado, si de todos modos se habría otorgado el derecho al visitado para realizar manifestaciones en contra de las actuaciones de la autoridad, al haberle corrido traslado de dichos expedientes y documentos aportador, aunque hubiera sido en términos de otra disposición legal.
Sin otro asunto en particular quedamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración respecto de la presente información.
Atentamente
División de Consultoría en Comercio Internacional y Aduanas
TLC Asociados, S.C.
Prohibida la reproducción parcial o total. Todos los derechos reservados de TLC Asociados, S.C. El contenido del presente artículo no constituye una consulta particular y por lo tanto TLC Asociados, S.C., su equipo y su autor, no asumen responsabilidad alguna de la interpretación o aplicación que el lector o destinatario le pueda dar.
Mexico City, January 3, 2018.
The Superior Chamber of the Federal Court of Administrative Justice, issued Thesis number (VIII-P-2aS-69), whose title is:
“NON-INVALIDATING ILLEGALITY.- CASE IN WHICH IT IS CONFIGURED REGARDING THE SECOND PARAGRAPH OF ARTICLE 63 OF THE FEDERAL FISCAL CODE “, criterion that provides that, in accordance with article 51, section III and second paragraph, of the Federal Act on Administrative Litigation Procedure, the acting of a procedural defect is conditioned to it affecting the defenses of the individual and transcends the meaning of the contested decision,
so if you does not meet those two elements, then, we are in the presence of a non-invalidating illegality; in this context, the second paragraph of said article 63 provides that if, during the audit, the authority is provided with files or documents related to the taxpayer, then, they must grant him the period of fifteen days to formulate the manifestations that may take place, however, we will be in the presence of a non-invalidating illegality, if the authority fails to comply with said legal precept, but in accordance with section IV of article 46 of the Fiscal Code of the Federation, discloses the files or documents in the last partial certificate, this in view of the fact that in this phase of the audit the taxpayer can make the corresponding declarations and provide evidence to controvert them, hence, it would have no effect to replenish the audit to grant the period of fifteen days alluded to in the aforementioned article 63, if the right to due process of the taxpayer was respected in the phase between the last partial act and the final act.
That is, this criterion establishes the fact that on the one hand article 63, second paragraph of the Federal Tax Code, gives the taxpayer the right during the visit, to be made aware of documents or files related to him and that have been provided to the acting authority, so that he can make manifestations, so if the authority is omitted in granting that right, we would be before a procedural defect that would generate a partial nullity of the act, however if the authority at the same time makes known to the governed the files or documents of the last partial act , in terms of section IV of article 46 of the Code, then we would be facing a NON-INVALIDATING ILLEGALITY, because in kind the authority would have replaced an omission with the granting of another right, which finally led to the same end, that is, to discredit or provide elements of defense to the performance of the inspector, that is to say, the right to due process of the governed had been respected in any way, since, in addition, the replacement of the visit would have no effect in order to be grant the denied right, if in any case it would have been granted the right to visit to make statements against the actions of the authority, to have transferred these files and documents to the bearer, although it would have been in terms of another legal provision.
Without anything else at this moment, do not hesitate to contact us.
Sincerely,
Foreign Trade and Customs Consultancy Division of
TLC Asociados, S.C.
Partial or total reproduction is prohibited. All rights reserved to TLC Asociados, S.C. The content of this article is not a private consultation, therefore, TLC Asociados, S.C., and its team and author, are not responsible for any interpretation or use that the reader or recipient could give to it.
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180 – Ilegalidad no invalidante / Non invalidating Illegality
Ciudad de México, enero 3 de 2018.
La Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, emitió la Tesis número (VIII-P-2aS-69), cuyo rubro es: “ILEGALIDAD NO INVALIDANTE.- CASO EN EL CUAL SE CONFIGURA RESPECTO AL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 63 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN”, criterio que dispone que, de conformidad con el artículo 51, fracción III y segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la actualización de un vicio de procedimiento está condicionada a que afecte las defensas del particular y trascienda al sentido de la resolución impugnada, por lo que si no reúne esos dos elementos, entonces, se está en presencia de una ilegalidad no invalidante; en este contexto, el segundo párrafo del referido artículo 63 dispone que si durante la fiscalización, a la autoridad le son proporcionados expedientes o documentos relacionados con el contribuyente, entonces, deberán concederle el plazo de quince días para que formule las manifestaciones a que haya lugar, sin embargo, se estará en presencia de una ilegalidad no invalidante, si la autoridad omite cumplir con dicho precepto legal, pero le da a conocer, en término de la fracción IV del artículo 46 del Código Fiscal de la Federación, los expedientes o documentos en la última acta parcial, ello en atención de que en esa fase de la fiscalización el contribuyente puede realizar las manifestaciones correspondientes y aportar medios de prueba para controvertirlos, de ahí que no tendría ningún efecto reponer la fiscalización para que se otorgue el plazo de quince días aludidos en el citado artículo 63, si el derecho al debido proceso del contribuyente se respetó en la fase entre la última acta parcial y el acta final.
Es decir, dicho criterio viene a establecer el hecho de que por una parte el artículo 63, segundo párrafo del Código Federal Tributario, da derecho al contribuyente durante la visita, a que le sean dados a conocer documentos o expedientes relacionados con él y que le hayan sido proporcionados a la autoridad actuante, a fin de que pueda hacer manifestaciones, por lo que si la autoridad es omisa en otorgar ese derecho, estaríamos ante un vicio de procedimiento que generaría una nulidad parcial del acto, sin embargo si la autoridad a la vez le da a conocer al gobernado los expedientes o documentos de la última acta parcial, en términos de la fracción IV del artículo 46 del Código, entonces estaríamos ante una ILEGALIDAD NO INVALIDANTE, pues en la especie la autoridad habría suplido una omisión con el otorgamiento de otro derecho, que finalmente llevaron a un mismo fin, esto es, a desvirtuar o aportar elementos de defensa a la actuación de la fiscalizadora, es decir, se había respetado de cualquier manera el derecho al debido proceso del gobernado, pues además, no tendría ningún efecto la reposición de la visita para que se le otorgara el derecho negado, si de todos modos se habría otorgado el derecho al visitado para realizar manifestaciones en contra de las actuaciones de la autoridad, al haberle corrido traslado de dichos expedientes y documentos aportador, aunque hubiera sido en términos de otra disposición legal.
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Mexico City, January 3, 2018.
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“NON-INVALIDATING ILLEGALITY.- CASE IN WHICH IT IS CONFIGURED REGARDING THE SECOND PARAGRAPH OF ARTICLE 63 OF THE FEDERAL FISCAL CODE “, criterion that provides that, in accordance with article 51, section III and second paragraph, of the Federal Act on Administrative Litigation Procedure, the acting of a procedural defect is conditioned to it affecting the defenses of the individual and transcends the meaning of the contested decision,
so if you does not meet those two elements, then, we are in the presence of a non-invalidating illegality; in this context, the second paragraph of said article 63 provides that if, during the audit, the authority is provided with files or documents related to the taxpayer, then, they must grant him the period of fifteen days to formulate the manifestations that may take place, however, we will be in the presence of a non-invalidating illegality, if the authority fails to comply with said legal precept, but in accordance with section IV of article 46 of the Fiscal Code of the Federation, discloses the files or documents in the last partial certificate, this in view of the fact that in this phase of the audit the taxpayer can make the corresponding declarations and provide evidence to controvert them, hence, it would have no effect to replenish the audit to grant the period of fifteen days alluded to in the aforementioned article 63, if the right to due process of the taxpayer was respected in the phase between the last partial act and the final act.
That is, this criterion establishes the fact that on the one hand article 63, second paragraph of the Federal Tax Code, gives the taxpayer the right during the visit, to be made aware of documents or files related to him and that have been provided to the acting authority, so that he can make manifestations, so if the authority is omitted in granting that right, we would be before a procedural defect that would generate a partial nullity of the act, however if the authority at the same time makes known to the governed the files or documents of the last partial act , in terms of section IV of article 46 of the Code, then we would be facing a NON-INVALIDATING ILLEGALITY, because in kind the authority would have replaced an omission with the granting of another right, which finally led to the same end, that is, to discredit or provide elements of defense to the performance of the inspector, that is to say, the right to due process of the governed had been respected in any way, since, in addition, the replacement of the visit would have no effect in order to be grant the denied right, if in any case it would have been granted the right to visit to make statements against the actions of the authority, to have transferred these files and documents to the bearer, although it would have been in terms of another legal provision.
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