
Litigios Climáticos
Ante una sociedad con mayor consciencia social y ambiental, el avance tecnológico le ha facilitado un mayor acceso a la información de las organizaciones haciendo un escrutinio que le permite evaluar sus decisiones de compra. Así como tomar acciones en contra de aquellas (públicas o privadas) que considere están incumpliendo sus compromisos en materia ambiental, social y de gobernanza.
Según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), en su Reporte de Litigios Globales relacionados con Cambio Climático 2023, a diciembre de 2022 se habían presentado 2,189 casos en 65 jurisdicciones lo que es 2.5 veces mayor que en 2017. Estados Unidos con 1,522 casos, Australia con 127, el Reino Unido con 79 y México con 18 casos.
Esta tendencia mundial está llevando a las empresas a ser conscientes de su impacto ambiental y el equivalente en huella de carbono, tanto de sus actividades como de su cadena de valor. Cada día en un mayor número de países las empresas se ven obligadas a informar sobre sus compromisos en materia de sostenibilidad, incluyendo medidas ambientales. Por ejemplo, en Europa las empresas europeas con más de 250 trabajadores y las grandes empresas que cotizan fuera de la Unión Europea con más de 500 empleados deberán informar reportar conforme al estándar europeo de Sustainability Reporting (ESRS) para 2024, los primeros informes se publicarán en 2025.
Una acusación de estar practicando “greenwashing” o lavado verde representa no solo un riesgo de escrutinio normativo por parte de la autoridad sino también reputacional e incluso de reclamación o de una demanda reciben por daños ambientales y por incumplimiento de sus compromisos de mayor transparencia.
De acuerdo con el informe del PNUMA, el 75% de los casos son contra gobiernos y organismos públicos, y el 25% restante es contra empresas. El documento destaca el caso de Friends of the Earth Netherlands contra Royal Dutch Shell PLC, en la que el tribunal ordenó a la empresa que redujera sus emisiones. También señala que en Reino Unido y Australia se han empezado a presentar demandas contra empresas fundamentadas en el incumplimiento de las obligaciones de información sobre sostenibilidad y/o lavado verde.
El reporte indica que los fundamentos jurídicos para estos casos se están ampliando. Las reclamaciones se centran en el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible; en la violación de la legislación relacionada con los objetivos de cero emisiones; así como en incumplimientos en cuanto a las obligaciones establecidas en el Acuerdo de París.
En América Latina, varios casos de litigios climáticos fueron presentados en contra de los esfuerzos del gobierno por relajar la regulación climática o desregularla. Según el documento, esta tendencia tomó fuerza en países como Brasil y México.
Resalta que 34 casos fueron presentados por parte de y en nombre de niñas, niños y jóvenes (menores de 25 años), por ejemplo: en Pakistán y la India, niñas de 7 y 9 años respectivamente; en Suiza, los demandantes se basan en el impacto desproporcionado del cambio climático sobre las mujeres de edad avanzada. Grupos indígenas y de mujeres son cada vez más activo en litigios.
Y es que según el informe, los grupos vulnerables quienes han comenzado a estar representados en los litigios climáticos, como demandantes de comunidades en riesgo presentan casos en nombre de ellos mismos o representando a sus comunidades. Los que considera que llevará a los gobiernos a tomar una mayor acción dirigida a estos grupos.
Para el futuro, el informe estima que se incrementarán los casos presentados por pueblos indígenas, las comunidades locales y demás grupos afectados de forma desproporcionada por el cambio climático. Así como los casos relativos a la responsabilidad posterior a los fenómenos meteorológicos extremos.
El cambio climático es una de las amenazas que enfrentan las empresas para el 2024, la creciente frecuencia y severidad de los eventos climáticos extremos están perturbando las operaciones y perjudicando las cadenas de suministro. Por ello, los estándares ambientales, sociales y de gobierno (ESG, por sus siglas en inglés) están adquiriendo mayor relevancia tanto para inversores como para consumidores. ESG mide cómo una empresa gestiona su impacto ambiental y social, así como sus prácticas de gobierno.
Si bien la responsabilidad de una empresa por los impactos climáticos aún no se ha establecido, el informe considera un paso importante hacia ello, el que en un caso se señaló que una empresa de combustibles fósiles tiene el deber de mitigar las emisiones de sus productos.
De entre los principales casos que resalta el documento se encuentran:
- La conclusión adoptada por el Comité de Derechos Humanos de la ONU de que un país había violado la legislación internacional sobre derechos humanos. Al considerar que el Gobierno de Australia ha incumplido sus obligaciones en materia de derechos humanos con los habitantes de las islas del estrecho de Torres;
- Un tribunal de los Países Bajos ordenó a la empresa petrolera y gasística Shell que cumpliese el Acuerdo de París y redujese para 2030 sus emisiones de dióxido de carbono en un 45% con respecto a los niveles de 2019.
- En México, la Corte Suprema en Amparo invalidó una norma que habría permitido un mayor contenido de etanol en gasolina, concluyendo que el derecho a una vida saludable, el medio ambiente y el principio de precaución se vería afectados por mayores emisiones de GEI.
- Greenpeace México vs. Secretaría de Energía y otros (sobre las Políticas del Sistema Eléctrico Nacional 2020), el Tribunal Colegiado del Primer Circuito de México sostuvo que las políticas que reducen la participación del país en energías renovables violan el derecho constitucional a una vida saludable.
Fuente:
https://litigioclimatico.com/es/fichas-de-litigio
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