INICIO DEL PAMA EN VISITAS DOMICILIARIAS
I. Obligaciones de los Contribuyentes
Los contribuyentes tienen la obligación de amparar en todo tiempo la legal tenencia, transporte o manejo de mercancías de procedencia extranjera con la documentación aduanera o documentos electrónicos o digitales que acredite la legal importación, así como con los comprobantes fiscales digitales por la adquisición de mercancías.[1]
II. Facultades de las Autoridades Aduaneras
El Servicio de Administración Tributaria, es una autoridad aduanera que cuenta con facultades (Vg. AGACE, ADACE), así como las autoridades de las entidades federativas (Vg. SAT BC), para realizar visitas domiciliarias con el objeto de asegurarse de que los contribuyentes cumplieron con las disposiciones aduaneras. Además, de requerir la documentación aduanera que acredite la legal estancia tenencia, transporte o manejo de mercancías de procedencia extranjera.[2]
III. Inicio del PAMA en Visita Domiciliara
Los puntos esenciales que deben identificarse en el inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera durante las facultades de comprobación son las siguientes [3]
1. La autoridad aduanera inicia una visita domiciliaria en el domicilio o domicilios del contribuyente cumpliendo con los requisitos establecidos en la normatividad fiscal.
2. Cuando durante la práctica de la visita domiciliaria se encuentra mercancía extranjera sin acreditar legal estancia será embargada precautoriamente, puesto que no fue proporcionada la documentación aduanera correspondiente.
3. La autoridad aduanera emite el acta de embargo precautorio conforme a las causales previstas y cumpliendo con las formalidades establecidas de la Ley Aduanera, la cual tendrá el carácter de acta final.[4]
4. Es factible que la autoridad fiscalizadora nombre al contribuyente como depositario de las mercancías embargadas cuando se trate de maquinaria, equipo o mercancía considerada de difícil extracción por sus características o volumen, requiera de un cuidado especial o de instalaciones específicas para mantenerla, siempre que no exista peligro inminente de que el contribuyente realice cualquier maniobra tendiente a evadir el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.[5]
5. Por su parte, el contribuyente cuenta con 10 DH a partir de que surta efectos la notificación para ofrecer las pruebas y alegatos para acreditar legal estancia.[6]
6. La autoridad aduanera efectuará el desahogo y valoración de las pruebas presentadas por el contribuyente.
7. La autoridad aduanera emitirá la resolución en el plazo no mayor a 4 meses contados a partir de que se encuentre debidamente integrado el expediente, en donde determinará las omisiones e impondrá las sanciones que correspondan.
Por el contrario, si la resolución definitiva no se emite en el término mencionado quedarán sin efectos las actuaciones de la autoridad.
En resumen, es importante que los contribuyentes cuenten con el expediente de comercio exterior de las mercancías, y por supuesto la identificación física de estas, con la finalidad de presentar la documentación e información requerida en las facultades de comprobación de las autoridades y con ello prevenir la imposición de sanciones y delitos aduaneros que impidan la continuidad de las operaciones. Adicionalmente, el contribuyente podrá interponer el acuerdo conclusivo en tiempo y forma de acuerdo con la regla 6.2.3 de las RGCE para 2022, o en su caso, los medios de defensa en contra de la resolución definitiva, según corresponda.
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Ricardo Méndez Castro
División de Consultoría
TLC Asociados SC
[1] Cfr. Artículo 146 de la Ley Aduanera.
[2] Cfr. Artículos 2, fracción II de la Ley Aduanera, y 25 y 27 del Reglamento Interior del SAT.
[3] Cfr. Artículo 155 de la Ley Aduanera y el criterio “14/LA/N De una orden de visita domiciliaria se pueden derivar varios procedimientos, cada uno de los cuales se resolverá en forma independiente” del Anexo 5 de las RGCE para 2022.
[4] Cfr Artículos 150 y 151 de la Ley Aduanera.
[5] Cfr. Artículo 203 RLA y la regla 3.7.29 de las RGCE para 2022.
[6] Cfr. Procedimiento administrativo previsto en el artículo 155 de la Ley Aduanera. No opera la figura de la preclusión procesal en materia de ofrecimiento, admisión y valoración de pruebas (legislación vigente en 1997 y 2000). Registro digital: 184057.